La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó hoy al IMSS a pagar daño moral por un supuesto error al entregar un cadáver.
Por tres votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte amparó a Elma Lucely Canul Ramírez, quien demandó al IMSS luego que el Hospital General de Zona 1 en Quintana Roo entregó el cadáver de su madre a otras personas, el 29 de septiembre de 2020.
"El IMSS incumplió con diversas disposiciones en materia de salud al momento de identificar, procesar, controlar y entregar el cadáver", sostuvo Canul en su reclamo por responsabilidad patrimonial.
El Instituto aceptó el error, pero rechazó que hubiera existido daño moral a Canul Ramírez, ya que no había pruebas concretas de las afectaciones patrimoniales, físicas o psíquicas que sufrió.
Este argumento fue confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, pero la Corte les enmendó hoy la plana a dichos órganos.
"Evidentemente esa irregularidad trajo consecuencias emocionales, como no haber llevado un duelo y una despedida con normalidad de la persona fallecida, lo que presume un daño a la esfera de derechos materiales de la promovente", afirmó la mayoría.
El TFJA había pedido a Canul Ramírez aportar pruebas de los "daños", como por ejemplo, facturas de exhumaciones o inhumaciones o gastos de otro tipo.
"Resulta innecesario requerir tales probanzas, pues la conducta irregular del Estado que quedó acreditada, per se, es de entidad suficiente para advertir la afectación a intereses no patrimoniales o espirituales de la persona, ocasionadas por el daño grave por actividad administrativa irregular del Estado", afirmó la Corte.
Las sentencias de la Corte y el TFJA no detallan si Canul recuperó el cadáver de su madre, ni las características o razones de las personas que aceptaron llevárselo.
El amparo obligará a la Sexta Sala Regional Metropolitana del TFJA a condenar al IMSS a pagar daño moral, en un monto que tendrá que ser definido en su nueva sentencia.
Los Ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Láynez aprobaron un proyecto de su colega Yasmín Esquivel, mientras que Lenia Batres votó en contra.