La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quitó a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga de su lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado de dinero, a la cual fueron incorporados en mayo de 2023.
La UIF cumplió hasta la primera semana de marzo el amparo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Gómez Mont y Álvarez desde el 27 de junio de 2024, según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La orden de la UIF implicó el bloqueo de al menos ocho cuentas bancarias que ya fueron liberadas, aunque Banco Santander sostuvo durante el litigio que dos de ellas, una cuenta de inversión y una chequera, fueron canceladas por el propio banco el 23 de abril de 2020.
Si bien inicialmente un juez les concedió una suspensión provisional contra el bloqueo, ésta sólo estuvo vigente entre el 19 de julio y el 1 de agosto de 2023. En ese periodo, la pareja estuvo en posibilidad de retirar sus fondos.
Gómez Mont y Álvarez ganaron su amparo por la misma razón que la gran mayoría de las personas investigadas por la UIF: porque sus bloqueos de cuentas son inconstitucionales, según determinó la Suprema Corte de Justicia desde 2019, salvo casos en los que una autoridad extranjera solicite la colaboración de México.
"No se advierte que el bloqueo de cuentas de los quejosos haya derivado de que, respecto de alguna de las personas incluidas en el listado de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano, se hubiese recibido una solicitud internacional para ese efecto, sino que, en realidad, tuvo como origen la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita", explicó el tribunal colegiado.
La votación en el tribunal colegiado no fue unánime, pues el magistrado Osmar Cruz sostuvo que la jurisprudencia de la Corte sí permite que ciertos bloqueos de cuentas se originen por solicitud de autoridades nacionales.
Los recursos supuestamente lavados por Gómez Mont y Álvarez derivaron de contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que controla las cárceles federales, lo que motivó una denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) en abril de 2021.
La pareja está en calidad de prófuga, pues desde septiembre de 2021 enfrentan orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivada de una acusación de 2017 por un fraude fiscal de 13 millones de pesos que ya fue pagado por la conductora.
La tardanza para el cumplimiento de la UIF se debió, en parte, al paro de labores de más de dos meses de los tribunales para protestar por la reforma judicial, y también a un recurso de revisión de Santander que mantuvo abierto el asunto, y que el tribunal colegiado resolvió hasta el 21 de febrero.
Desde que promovieron el amparo contra la UIF en junio de 2023, Gómez Mont y Álvarez pidieron la supresión de sus datos personales en las listas del juzgado, por lo que el expediente no era de conocimiento público.
