El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó un informe que documenta que en Chiapas han sido desplazadas 15 mil 928 personas por la violencia desatada por grupos criminales.
En el documento titulado "Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal: Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia", señala que las víctimas de desplazamiento forzado se registran sobre todo en los municipios fronterizos.
El informe, estructurado en ocho capítulos, se basa en datos documentales y testimonios directos. En el primero, de nombre "Una mirada desde Chiapas a la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado", revela el despojo territorial contra los pueblos y las múltiples violencias que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Los principales causantes de esto, son integrantes de grupos de la delincuencia organizada con motivos como disputas por el territorio, estructuras de poder político, la población y diversas economías legales e ilegales.
Las 15 mil 928 desapariciones documentadas por la organización, se reportan principalmente en cinco municipios; que comparten la característica de estar en zona fronteriza, la del norte con Tabasco o la del sur con Guatemala.
Entre éstos, al norte, destaca Tila. Según el censo del Inegi de 2020, este municipio tenía una población de 9 mil 609 habitantes, y con base en datos de la organización, suman 6 mil 500 desplazados, lo que implica una tasa de desplazamiento del 7.8 por ciento. Ahí se registró un magno evento de desplazamiento, el 10 de junio de 2024.
Posteriormente se ubicó a Chicomuselo, donde el número de desplazados informados por el Frayba es de 4 mil 40, con una tasa de desplazamiento de 11 por ciento y con cuatro eventos reportados: 26 de mayo y 5 de agosto de 2023, y 4 de enero y 14 de enero de 2024.
También resalta Frontera Comalapa, con 3 mil 500 desplazados, una tasa de desplazamiento de 4.3 por ciento; Bella Vista con 650 desplazados, una tasa de 3.2 y Chenalhó con 553 desplazados y una tasa de 1.2.
En conjunto, en otros municipios, suman 685 víctimas de desplazamiento forzado.
Con estas cifras la asociación denuncia la profundización la ineficacia de las autoridades para abordar la situación y critica el "negacionismo" del gobierno anterior y la "parafernalia" mediática del actual, señalando la falta de acciones concretas para resolver los conflictos de raíz.
El informe abunda en otras problemáticas, como las desapariciones forzadas, las agresiones a defensores de derechos humanos, la militarización y la violencia política y criminal. El Frayba acusó la "intención progresiva de la violencia política" y la "guerra contra los pueblos", señalando la responsabilidad del Estado mexicano por su inacción.
Con base en esto, llama a la acción, instando a la sociedad civil, organizaciones sociales y comunidades a involucrarse en la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos. Destaca la importancia de crear redes de apoyo, promover el diálogo y reconstruir la cohesión social, sin polarización.