Vicente Sánchez Munguía, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), pidió que el Gobierno de Estados Unidos no politice la entrega de agua del Río Colorado a Tijuana, luego de que el Presidente Trump anunció rechazar la solicitud especial para ello.
"Esperaríamos que se siguiera una cooperación profesional que ha habido entre las dos secciones de la Comisión (Internacional de Límites y Aguas, CILA, en México y Estados Unidos), porque es un acuerdo que se había respetado", indicó en entrevista.
"Sería lamentable que se politizara el tema", agregó, "por otro lado, el Gobierno de México, particularmente en Baja California, en la gestión del agua, los organismos operadores, deben ser muy eficientes para que esta presión del Gobierno de EU no exista".
Sánchez Munguía adelantó que, como es previsible, esta negativa causará afectaciones a los ciudadanos en la zona fronteriza del País.
El Gobierno de Trump argumentó que rechazó la petición de México de otorgarle más agua a Tijuana como represalia por supuestas fallas del Gobierno mexicano en la entrega del líquido de Chihuahua a Texas, establecido entre ambos países en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.
El especialista, quien también es integrante de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua, dijo que la negativa de Trump se debe a la presión que tiene de agricultores y políticos de Texas.
"Hablaban (desde hacía tiempo) de presionar al Gobierno de Trump para que tomara medidas por el retraso del agua de México del Río Bravo, y ahora en esto se vinculan las dos cuencas, Río Colorado y Bravo, es una represalia", lamentó.
"Castigan a México, pero desde hace tiempo los texanos, y ciertos sectores conservadores estaban tratando de vincular el manejo de una cuenca con la otra".
El investigador del Colef refirió que unir las dos cuencas para negociar el agua es un error político.
Desde hace varios años, el Gobierno de Baja California ha negociado "entregas de emergencia" a través de Mesa de Otay, explicó.
Hasta las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, tanto la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), así como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), ambos principales operadores del agua en Tijuana, Baja California, se negaron a dar una postura sobre esta situación.
Los voceros de dichos organismos indicaron que quienes deberían responder al cuestionamiento serían la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyos titulares no respondieron tampoco a solicitudes de información, telefónicas y por correo.
