La visita organizada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Jalisco al rancho Izaguirre, donde se habían abandonado pruebas sobre personas desaparecidas, no respetó los derechos de las familias que buscan, consideraron el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres (Cladem) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONF).
"Es indispensable que como autoridades garanticen los derechos de las víctimas y entiendan que son primero y que deben de adecuar la organización de estas acciones a las necesidades de las familias y colectivos, y no son las víctimas quienes tienen que adecuarse a los cambios imprevistos de las autoridades", difundieron las organizaciones feministas en un comunicado.
El llamado fue para las autoridades federales y del Estado de Jalisco por no generar condiciones adecuadas para quienes buscan a un familiar.
Recordaron que la invitación se hizo con un día de anticipación, sin una ruta clara para los familiares de personas desaparecidas.
"Sin tomar en cuenta el costo para las familias de otros Estados y sin tiempo para que autoridades de otros Estados apoyen, vulnera el derecho que tienen las familias a la participación conjunta, como lo marca el artículo 5° párrafo X de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas", difundieron las organizaciones.
Finalmente, los activistas que acudieron no pudieron revisar el rancho ni las prendas que ahí se localizaron.
"Hacemos un llamado para que no se torne en un circo mediático un tema tan doloroso para miles de familias en el país", pidieron Cladem y ONF.
