Tras un debate extenso, entre desacuerdos y con dos propuestas más sobre el proyecto inicial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló un único tope de 220 mil 326.20 pesos para el gasto de campañas judiciales.
Los candidatos, tanto federales como locales, no podrán sobrepasar la inversión diaria de 3 mil 672.10 pesos en la promoción de su imagen a lo largo de 60 días, a partir del próximo 30 de marzo y hasta el 28 de mayo.
El proyecto aprobado justifica que el límite de gastos se determinó con base en la Legipe, que indica que las aportaciones que los candidatos al Poder Judicial harán de su propia bolsa no pueden superar el monto que invierten los candidatos independientes a una diputación.
Añade que las campañas se realizarán primordialmente a través de redes sociales y con foros de debate, lo que implica que el gasto no sea tan gravoso para los candidatos.
"Máxime si tomamos en cuenta que actualmente incluso la participación en línea, en foros mediante plataformas es cada vez más común en la realidad social. Ahora bien, si se considera que estas campañas se realizarán preponderantemente en redes sociales, el ámbito territorial deja de ser un factor relevante de gasto, porque se maximiza la exposición de las candidaturas a través de ellas", se lee en el documento.
También se reitera que el financiamiento público o privado de las campañas judiciales está prohibido.
El gasto podrá ser usado para propaganda impresa, producción y/o edición de imágenes, spots y/o promocionales para redes sociales, cursos de media training, producción y/o capacitación para elaboración de contenido en redes sociales, pasajes terrestres, aéreos, combustible, hospedaje, alimentos y personal de apoyo.
La propuesta que finalmente se aprobó se perfilaba para ser desechada, pues la mayoría de las expuso que el tope para las candidaturas federales es inequitativo, es decir, quienes contenderán por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del TEPJF, ya que debían recorrer todo el País.
Sin embargo, los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas alegaron que este límite no podía romperse, pues así lo marca la Constitución y de origen se prevé un modelo de gasto hiper-mínimo.
"Es decir, el Constituyente y el Legislador están previendo un modelo extremadamente restrictivo de gasto, no existe una disposición que conflictúe estas otras que yo he mencionado, salvo que consideremos que efectivamente la Constitución y la ley están tratando de manera diferenciada la renovación de los tres Poderes de la Unión, pero esto no es un problema que le corresponde resolver al Instituto Nacional Electoral, esto sería en todo caso un problema de diseño institucional que viene desde la Constitución", afirmó Castillo.
Uuc-kib mencionó que si bien se tendrían que considerar topes menores para las campañas subnacionales para contribuir a su fiscalización, negó que todos los candidatos estuvieran en posibilidades de invertir millones de pesos, en caso de que se elevara el monto.
"No es legítimo suponer que todos los candidatos podrán disponer de dos millones de pesos y que, entonces, tendríamos unas campañas extendidísimas. Es mentira, todo apuntaría simplemente a hacer más inequitativas las elecciones", dijo.
La propuesta elaborada por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, proponía fijar casi un millón y medio de pesos para la Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior, y como mínimo, 220 mil pesos para los juzgados de distrito, pero fue desechada en medio de una votación con titubeos.
