Banco Actinver promovió el impedimento de tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que no voten el proyecto que resolverá la demanda de mil 100 millones de pesos en su contra, promovida por el empresario Rafael Zaga Tawil.
En incidentes de recusación presentados el viernes pasado, el banco consideró que está en duda la imparcialidad por posibles conflictos de interés de los Ministros Juan Luis González Alcántara y Jorge Pardo Rebolledo, así como de Loretta Ortiz, presidenta de la Primera Sala, que es la que debe votar el asunto.
La sola presentación de los impedimentos obligó a aplazar por tiempo indefinido el asunto, que estaba por ser resuelto en sesión de este miércoles, ya que tendrán que ser tramitados por la Segunda Sala, que a su vez deberá pedir informes a los Ministros señalados.
En el caso de Ortiz, Actinver sostiene que su yerno, Abel Chávez Salinas, es uno de los abogados de Zaga, mientras que la recusación de Pardo fue solicitada por su amistad cercana con Ricardo Antonio Silva Díaz, otro abogado de Zaga, quien además, fue secretario de estudio y cuenta del Ministro en la Corte.
En cuanto a González Alcántara, el banco pidió recusarlo porque su sobrino César González Hernández, es socio de otro de los despachos que han trabajado para Zaga, aunque sin aparecer expresamente como autorizado en los documentos del caso.
Sobre este Ministro, Actinver destaca que, en enero de 2024, se opuso a atraer el amparo directo contra la condena para paga a Zaga, pese a que él mismo había hecho suya la solicitud de atracción que planteó el banco para sacar el caso del tribunal colegiado que estuvo a punto de resolverlo.
El Ministro Alfredo Gutiérrez propone amparar a Actinver y revocar la sentencia de diciembre de 2022, por la que un juez local de la Ciudad de México condenó al banco a pagar mil 100 millones a Zaga, dueño de Telra Realty.
En 2023, Zaga libró una acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero por los 5 mil 88 millones de pesos que la empresa recibió del Infonavit en 2017, como indemnización por la terminación de un contrato, pero el caso fue reactivado por la FGR en agosto de 2024, cuando se libraron nuevas órdenes de aprehensión.
Ahora, Zaga acusa que mil millones de pesos de dicha indemnización fueron entregados ilegalmente por el banco a sus socios en Telra, Moisés y André El-Mann, mientras que Actinver sostiene que el propio empresario fue quien ordenó retirar el dinero del fideicomiso donde se encontraba.
El pasado 19 de febrero, el proyecto de Gutiérrez fue discutido en privado, en ausencia de Pardo, y aparentemente Ortiz y González Alcántara anunciaron que estarán en contra, mientras que solo Margarita Ríos-Farjat lo apoyó.
