El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció sorpresivamente un aumento al 20% de aranceles sobre los productos procedentes de China, como una medida castigo por no hacer frente a la afluencia de fentanilo al país norteamericano.
Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Nueva modificación de los aranceles para hacer frente a la cadena de suministros de opioides sintéticos en la República Popular China”.
Esta orden promulga una virtud de autoridad conferida al presidente Trump por la constitución y las leyes de estadounidenses, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Emergencias Nacionales, la sección 604 de la Ley de Comercio de 1974 y la sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos.
La orden modifica otra anterior, la Orden Ejecutiva 14195, firmada el 1 de febrero de 2025. La orden inicial afirmaba que la incapacidad del Gobierno chino para controlar la afluencia sostenida de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, de China a Estados Unidos suponía una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
El presidente Trump invocó su autoridad en virtud de la sección 1702 (a) (1) (B) de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles ad valorem sobre artículos que son productos de China. Esto fue definido por el aviso del Registro Federal descrito en la sección 2(d) de la Orden Ejecutiva 14195, modificada por la Orden Ejecutiva 14200 del 5 de febrero de 2025.
La nueva orden ejecutiva determina que China no ha tomado medidas suficientes para aliviar la crisis de las drogas ilícitas mediante acciones cooperativas de aplicación de la ley y que la crisis descrita en la Orden Ejecutiva 14195 no ha remitido. Como consecuencia, el arancel sobre los productos chinos se ha incrementado del 10% al 20%.
La orden también establece que no debe interpretarse que menoscaba o afecta de otro modo a la autoridad otorgada por ley a un departamento ejecutivo, agencia o al jefe de la misma. Tampoco afecta a las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas a propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.
La orden se ejecutará de conformidad con la legislación aplicable y con sujeción a la disponibilidad de créditos. No crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona. La orden se firmó en la Casa Blanca el 3 de marzo de 2025.
