El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que los apoyos directos que recibió la petrolera Pemex de 2013 a 2024 carecen de transparencia y rendición de cuentas, lo cual ha generado problemas de eficacia en el uso de los recursos presupuestales y una advertencia en las finanzas públicas.
CIEP indicó que desde 2013, el primer año del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal ha otorgado a Pemex apoyos tanto fiscales como patrimoniales (o financieros) que en total suman 2.8 billones de pesos a precios de 2024.
En cuanto a los apoyos fiscales, estos han consistido en estímulos fiscales y en la reducción de la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC).
"Los estímulos a Pemex han representado un costo de 439 mil 28 millones de pesos. Por su parte, la reducción del DUC a Pemex, implementada por primera vez en 2020, ha disminuido la tasa de este derecho, que pasó del 65 en 2019 al 30 por ciento en 2024.
"Entre 2020 y 2023, esta reducción ha representado un costo fiscal de 545 mil 158 millones de pesos, y la reducción de la tasa en 2024 podría implicar un costo adicional de 178 mil 735 millones. Ambos instrumentos constituyen ingresos que se dejan de percibir, lo que implica un costo para las finanzas públicas desde los ingresos", indicó CIEP en su investigación "Pemex, apoyos fiscales y patrimoniales: actores y mecanismos".
Por su parte, los apoyos financieros incluyen las aportaciones patrimoniales que ha hecho el Gobierno federal a Pemex, las aportaciones hechas por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otros apoyos financieros.
Las aportaciones patrimoniales con recursos del erario se han realizado desde 2013 (fecha en la que se realizó por primera vez este apoyo), con excepciones en 2017 y 2018, por un total de 1.5 billones de pesos hasta el primer semestre de 2024, lo que representa el 55 por ciento de los apoyos totales.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP) y Pemex, los recursos destinados entre 2013 y 2018 se usaron como medida de control presupuestario y para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias. Mientras que entre 2019 y 2024 se han utilizado para el pago de deuda e infraestructura.
Sin embargo, el CIEP señaló que, dado el impacto a las finanzas públicas debido a las aportaciones a Pemex, resulta importante saber el proceso de la asignación de recursos, así como la forma en cómo se realizan y quiénes son los actores que las ejecutan.
"La gobernanza de Pemex enfrenta desafíos normativos en relación con los apoyos financieros, especialmente las aportaciones patrimoniales. Estas aportaciones están exentas de los requisitos exigidos para los proyectos de infraestructura, lo cual ha generado problemas de transparencia en el uso de los recursos públicos.
"Las aportaciones que realiza la Secretaría de Energía (Sener) a Pemex se registran en el presupuesto como inversiones financieras, lo cual implica que se exime del análisis costo-beneficio que es requerido para proyectos de infraestructura económica, por lo que se afecta la eficiencia en el manejo de estos recursos y, por lo tanto, en la sostenibilidad fiscal del País", sentenció el CIEP.
