La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución que prohíbe el cultivo de maíz transgénico.
Con 29 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano, el dictamen que será discutido mañana en el Pleno reconoce a México como centro de origen y diversidad del maíz y a ése como un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Señala que su cultivo en territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.
No obstante, reconoce que hay otros usos para el maíz transgénico y ordena que, en esos casos, éste debe ser evaluado en términos de las leyes vigentes para evitar amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural.
Además, señala la obligación del Estado de promover cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema de milpa, así como la investigación, la innovación, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales.
Durante el debate, diputados de Oposición advirtieron ambigüedad en la redacción de la reforma y advirtieron que en ella no se consideran mecanismos para evitar que los productores sea afectados ni un análisis sobre los impactos que la nueva medida podría tener en la soberanía alimentaria.
La panista Annia Gómez sostuvo que la Constitución debe garantizar protección y apoyo económico a los productores, pero también alimentación y bienestar a millones de familias mexicanas.
En este sentido, dijo que la reforma va al revés, porque para evitar la producción e importación de maíz transgénico sería necesario y prioritario establecer una estrategia de gestión del agua e infraestructura de riego para combatir la sequía que existe en el país, y evitar la migración a ciudades desde zonas rurales como parte de las soluciones previas.
La legisladora sostuvo que la reforma podría representar un costo adicional a futuro para las finanzas públicas y para la promesa de la autosuficiencia alimentaria.
Como ejemplo, dijo que entre 2022 y 2024, Estados Unidos aumentó su producción de maíz en un nueve por ciento; China, en cinco por ciento; la Unión Europea, en 24 por ciento, y Argentina, en un 42 por ciento, mientras que en México la producción cayó 11 por ciento.
"Estamos perdiendo la identidad nacional por factores de competitividad de mercado que no se consolidan, no por permitir la introducción de maíz transgénico que no es lo único que llega al país", advirtió.
Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, dijo que le preocupa la falta de claridad en la redacción de la iniciativa y afirmó que la prohibición del maíz genéticamente modificado en todos los frentes podría generar efectos económicos negativos dentro de la renegociación del T-MEC, sobre todo en materia de importaciones de maíz destinado a la industria alimentaria y a la alimentación animal.
"Lo idóneo sería también que conociéramos los impactos económicos de una reforma, en este caso de una reforma constitucional, esto para lograr hacer una ponderación entre la protección de nuestro maíz nativo, la garantía de la soberanía alimentaria, pero también la suficiencia de alimentos, que no nos falte las tortillas para los tacos en un futuro, y no lo vi en el texto de una reforma constitucional, y creo que es irresponsable no haberlo discutido", afirmó.
La priista Nadia Navarro dijo que si bien el objetivo de la reforma es loable, un aspecto que no se está tomando en cuenta es la forma en la que se protegerá a las y los productores.
"Me parece que un aspecto que parece que se olvida es cómo se logrará la protección a nuestros campesinos, si desde la Federación se ha pensado impulsar programas para productores, por ejemplo, garantizando el acceso a semillas nativas y promoviendo prácticas agrícolas sustentables", dijo.
En su turno, el morenista Miguel Carrillo indicó que la reforma es necesaria porque actualmente no existe una prohibición en la materia, lo único que hay es un decreto presidencial de febrero de 2023, en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado.
"El hecho de que lo queramos dejar en rango constitucional es precisamente para conservar y para salvaguardar, pero sobre todo para blindar el maíz nativo; pero, además, también sus 64 razas de diversidad", dijo.
El legislador afirmó que la reforma garantizará no sólo la soberanía alimentaria del pueblo de México, sino que las y los productores de maíz nativo tengan la oportunidad de seguir con esta actividad económica.
"En México se producen 27 millones de toneladas al año de maíz blanco y consumimos 25 millones de toneladas. Ojo, no hay que confundir lo que es el maíz blanco con el maíz amarillo. Entonces, no, no nos vamos a quedar sin tortillas para los tacos. Sí va a haber suficiente, y, al contrario, lo que queremos es aumentar la producción, porque México tiene un potencial de producir cerca de 35 millones de toneladas de maíz blanco al año", indicó.
