San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta un nuevo escándalo inmobiliario tras la denuncia de al menos 18 personas contra empresas dedicadas a la venta de terrenos en el fraccionamiento Residencial El Quijote. Los afectados aseguran haber liquidado sus lotes desde 2020 sin recibir la entrega correspondiente, mientras que las empresas responsables les han dado largas con pretextos que van desde la pandemia hasta trámites legales sin esclarecer.
Los denunciantes relataron que, entre 2020 y 2022, adquirieron terrenos en Residencial El Quijote, ubicado en la colonia Bosquecito, entre Ríos Españita y Dalias. Los testimonios de los afectados comentan que realizaron pagos que oscilan entre los 550 mil y 800 mil pesos, muchos de ellos en efectivo, con la esperanza de construir su patrimonio. Sin embargo, a la fecha, los terrenos no les han sido entregados, y los responsables han evitado dar respuestas claras.
Las empresas señaladas en este presunto fraude son Dapsa Dávalos Asociados Construcciones, cuyo representante legal es Marco Antonio Dávalos Montoya, y Oro de Luna, con Rubén Sánchez como vendedor. Los afectados también identifican a la empresa Prisma como intermediaria en las ventas.
En un principio, los compradores fueron informados de que los trámites de entrega tardarían debido a la pandemia. Sin embargo, al acudir en repetidas ocasiones a las oficinas de las empresas ubicadas en Fray Diego de la Magdalena, dejaron de recibir atención y respuestas. Eventualmente, las oficinas fueron abandonadas sin previo aviso.
Una de las principales preocupaciones de los afectados es que, aunque firmaron contratos en la Notaría Pública 35, ubicada en Avenida Carranza, estos documentos solo constatan la relación contractual con Dapsa Dávalos Asociados Construcciones, pero no garantizan la legalidad de la propiedad ni la procedencia del terreno.
Los denunciantes aseguran que, al investigar más sobre el fraccionamiento, encontraron pintas en bardas del predio advirtiendo: “Si compraste tu lote aquí, es un fraude”. Esta situación ha incrementado la incertidumbre sobre si realmente el terreno pertenece a las empresas o si se trata de una estafa inmobiliaria de gran escala.
La incertidumbre y el enojo de los afectados crecieron cuando descubrieron que las empresas involucradas cuentan con más de 30 denuncias penales por fraude ante la Fiscalía General del Estado.
Durante 2023, los compradores intentaron presionar a la empresa para obtener respuestas, pero en lugar de recibir soluciones, fueron tratados con hostilidad así lo comenta uno de los testimonios donde les dijeron que “sin cita no podían ser atendidos” y, en algunos casos, se les exigió seguir pagando sus mensualidades pese a no recibir el lote prometido.
Para tratar de calmar las quejas, las empresas ofrecieron a los afectados un millar de bloques para construcción como compensación, además de una exención de pago de mantenimiento por dos años. Sin embargo, los denunciantes rechazaron la oferta, exigiendo lo que les corresponde: la entrega de sus terrenos.
Recientemente, la empresa informó que los lotes podrían entregarse hasta 2026, seis años después de la fecha de compra. Esta noticia ha provocado mayor desesperación entre los afectados, quienes consideran que fueron víctimas de un fraude masivo.
Los afectados temen haber sido engañados por empresas fantasmas y que sus terrenos nunca sean entregados. Muchos invirtieron todos sus ahorros en la compra y han visto sus planes de tener una propiedad desvanecerse. Uno de los denunciantes incluso asegura haber caído en depresión ante la incertidumbre y la falta de soluciones.
Aunque solo 18 personas han presentado denuncias formales, los compradores creen que este problema afecta a muchos más, ya que el desarrollo cuenta con 137 lotes vendidos. No obstante, solo un pequeño porcentaje de afectados se ha organizado para exigir justicia.
Ante esta situación, han decidido aumentar la presión y advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta en los próximos días, realizarán manifestaciones para exponer el caso públicamente. Además, hicieron un llamado directo al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para que intervenga y ayude a esclarecer qué está sucediendo con estas empresas y sus prácticas de venta.
La Fiscalía General del Estado ya tiene conocimiento de las denuncias, pero hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento sobre las investigaciones en curso.
Mientras tanto, los compradores siguen en la incertidumbre, con la esperanza de recuperar su inversión o, al menos, obtener justicia por lo que consideran un fraude inmobiliario de gran escala.
.gif)
