En audiencia programada para esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) imputará a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño de club de fútbol Santos Laguna, una presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos.
La diligencia originalmente había sido programada para el 28 de agosto de 2024, pero fue aplazada a causa del paro de labores en el Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con registros judiciales, ahora Iraragorri está citado a una audiencia de imputación a las 16:00 horas de este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila.
El presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas, fue señalado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) de incurrir en engaños para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna, de enero a julio de 2017.
La FGR abrió el caso penal contra el empresario, quien en octubre pasado ya cedió la presidencia del Club Santos a su hijo Alejandro Irarragorri Kalb, de sólo 24 años.
Según autoridades judiciales, hasta ahora no hay ninguna solicitud del empresario o de las autoridades federales para aplazar o cancelar la audiencia ante un juez de control.
Sin embargo, se presume que Irarragorri está fuera del País y no tiene planes de regresar en el corto plazo, pese a que el pasado 24 de enero murió su padre en territorio nacional.
Según la norma vigente, la defraudación fiscal no es un delito que amerite prisión preventiva de oficio, es decir, no implica que le impongan la cárcel en automático, en caso de ser vinculado a proceso.
No obstante, el ilícito contempla la prisión preventiva justificada, una medida cautelar que la FGR puede solicitar si considera y tiene elementos para acreditar el riesgo de que el directivo puede darse a la fuga.
En este caso, la imposición de la medida sería sujeta a debate ante el juez.
La imputación contra Iraragorri tiene su origen en un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el Club Santos hizo desde un fideicomiso a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, por concepto de primas indemnizatorias de riesgo de trabajo.
Los pagos fueron a directivos como José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo, y a jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
Debido a que este tipo de indemnizaciones están exentas de pago de impuestos, la PFF denunció ante la FGR que se trataba de una maquinación de los directivos para no retener el ISR de los depósitos.
La PFF sostiene lo anterior porque la directiva del club usó un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para realizar los pagos.
