La nueva Ley del Sector Eléctrico en México, en la que se le da una posición dominante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe servir de lección a otros países en desarrollo que priorizar la soberanía energética a expensas de la seguridad y de la eficiencia es perjudicial, expuso un análisis del Oxford Institute for Energy Studies.
En su documento titulado "La recentralización del sector eléctrico de México y sus implicaciones para los mercados emergentes", señaló que tras alejarse de la reforma del 2013 México ahora tiene desventajas, que plantean preocupaciones sobre la eficiencia del mercado, la asequibilidad de la electricidad, la estabilidad de la inversión y la seguridad energética a largo plazo.
"El cambio de México hacia el control estatal en el sector eléctrico sirve como un valioso caso de estudio para otros mercados emergentes.
"Si bien asegurar el control nacional sobre la infraestructura crítica es un objetivo legítimo de política, priorizar la soberanía energética a expensas de la eficiencia del mercado y la inversión a largo plazo puede crear consecuencias no deseadas, incluidos costos más altos, menor competencia y una expansión de la capacidad muy lenta", anotó.
El Oxford Institute indicó que en el centro del debate está el distinguir entre soberanía energética y seguridad energética, que se utilizan indistintamente en el discurso político, pero tienen implicaciones económicas y operativas distintas.
"La soberanía energética enfatiza el control estatal sobre los recursos energéticos y la infraestructura, a menudo a través de la propiedad directa o la intervención del mercado, mientras que la seguridad energética, por el contrario, se centra en garantizar un suministro de energía estable, confiable y asequible, independientemente de su origen", describió.
Apuntó que una preocupación clave es la asignación rígida de la capacidad de generación del 54 por ciento para la CFE y del 46 por ciento para las empresas privadas, porque desalienta la inversión al desconectar el crecimiento del mercado de la demanda real, en lugar de que la oferta se ajuste a la expansión económica.
"Este enfoque impuesto por el Estado introduce varios riesgos. Los proyectos liderados por el Gobierno a menudo enfrentan demoras burocráticas, lo que ralentiza el despliegue de nueva capacidad.
"Si la CFE carece de los recursos para expandir la generación, México podría enfrentar escasez de electricidad, exponiendo la seguridad energética".
La eliminación de los mecanismos de mercado competitivos propiciará ineficiencias, elevará los costos a largo plazo, y hará que la electricidad sea más cara, anotó.
Añadió que la fabricación automotriz, la minería y la agroindustria serán las actividades más perjudicadas.
