San Luis Potosí, SLP.- Con el objetivo de incorporar explícitamente el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
El legislador señala que este paso es esencial para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad, en la elaboración de medidas legislativas y administrativas que puedan afectar sus derechos e intereses.
De esta manera, se busca incluir en la Constitución Política del Estado, que “las personas con discapacidad tienen derecho a ser consultadas de manera previa, libre, informada, de buena fe y con procedimientos apropiados para su accesibilidad universal, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles en cuanto al ejercicio de sus derechos”.
El legislador Badillo Moreno señala que esta reforma busca garantizar la participación activa de las personas con discapacidad para que puedan influir en las decisiones legislativas o administrativas que les afecten directamente, fortaleciendo su papel como actores clave en la vida pública.
Fortalecerá el marco jurídico estatal, al armonizar la Constitución de San Luis Potosí con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, proporcionando claridad y seguridad jurídica; promoverá la inclusión y no discriminación donde las voces de todos los grupos, especialmente los más vulnerables, sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.
Señala que para implementar esta reforma, se propone retomar los siguientes principios: realizar consultas previas efectivas, previas, libres, informadas, de buena fe y con accesibilidad universal, para que los servicios relacionados con la consulta sean accesibles para todas las personas con discapacidad.
Desarrollar Protocolos de Consulta, mediante lineamientos y herramientas específicas que faciliten la implementación de las consultas, adaptándose a las diversas necesidades de este grupo poblacional; involucrar a organizaciones representativas de la sociedad civil que representen a las personas con discapacidad para asegurar una representación efectiva y diversa.
Señala que al elevar este derecho al rango constitucional, se asegura que todas las medidas legislativas y administrativas futuras estén alineadas con este principio fundamental, evitando así posibles controversias jurídicas y fortaleciendo el Estado de Derecho.
La iniciativa se turnó para su análisis a las Comisiones de Derechos Humanos; y Puntos Constitucionales.
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