José Luis Moyá, quien en 2014 aspiró a ser comisionando del INAI, aseguró que ha sido encarcelado por denunciar actos de corrupción en el arrendamiento de patrullas por parte del Gobierno federal y de la Ciudad de México a Grupo Andrade.
En una comunicación enviada a REFORMA, Moyá reclama que desde su aprehensión en octubre de 2024 ha sufrido de abusos en el Reclusorio Sur y ha estado en la llamada "celda de castigo".
Fue acusado por la Fiscalía de la CDMX por el delito de lavado de dinero debido a que presuntamente utilizó las cuentas bancarias de su madre, de 87 años de edad, para recibir depósitos por alrededor de 2 millones de pesos, producto de pagos de empresas interesadas en afectar al Gobierno y de supuestas extorsiones.
En esa audiencia, Moyá aseguró que todo el procedimiento iniciado en su contra tuvo su origen en una denuncia anónima presentada por Grupo Andrade, empresa que ha ganado varias licitaciones para arrendar cientos de patrullas a la extinta Policía Federal, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad de la CDMX.
"En cinco mañaneras se le entregó documentación al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) de cómo la empresa que me denunció realmente, el Grupo Andrade del Heraldo de México, incurrió en múltiples actos de corrupción, al grado que le encontré mil 850 patrullas escondidas en Zumpango, Estado de México, 11 días antes de que se diera el fallo.
"Presenté la denuncia en la Contraloría General, en servidores públicos, y en vez de suspender la licitación, puesto que ni siquiera había fallo y ya estaban las patrullas hechas y escondidas, se dio la orden de encubrir. El mantenimiento de cada patrulla era de 490 mil pesos por año en un contrato a tres años", indicó en una carta enviada a REFORMA.
La denuncia, que originalmente se presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) y después fue turnada a la Fiscalía capitalina, de acuerdo con la agente del Ministerio Público, María Elena Ortiz, señalaba que Moyá obtenía información de las licitaciones vía la Ley de Transparencia y después la filtraba en medios de comunicación para beneficiar a ciertas empresas.
"Se cuenta escrito que fue remitido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en fecha 27 de junio del 2023 y en el que se señala que a través de su madre la señora Rosa María Moyá, de 87 años de edad, el ciudadano José Luis Moyá Moyá obtiene recursos de empresas que están en contra de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de atacar a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México, que anteriormente gobernaba Claudia Sheinbaum", señaló la agente.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía capitalina recabó los datos bancarios de Moyá y de su madre, y determinó que entre 2018 y 2024 se realizaron decenas de depósitos a las cuentas de Rosa María e inmediatamente eran transferidos a las cuentas de su hijo, por lo que solicitó su congelamiento.
El 22 de octubre del año pasado, en una audiencia en la Sala de Oralidad 15 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, un juez determinó dictarle prisión preventiva justificada, debido a que, según la consideración del impartidor de justicia, había riesgo de que pudiera fugarse.
En 2014, Moyá se postuló como aspirante a convertirse en comisionado del recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que después sería el INAI y hoy está en proceso de desaparición.
