El Registro Público de Derechos de Agua carece de capacidad para fiscalizar el uso correcto de las concesiones, facilitando el mercado negro del líquido, advierte un reporte de Oxfam México.
El número de concesiones registradas a nivel nacional, señala, pasó de 2 mil en 1992 a más de 530 mil en 2024.
"A pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional que regula su extracción está en contra de lo público y la convierte en una mercancía que se acumula en pocas manos", apunta.
"El 76 por ciento del agua concesionada está en manos de grandes corporaciones, mientras millones enfrentan escasez".
Y 8 de los 10 mayores extractores de agua a nivel nacional, indica el informe Beneficios en Fuga, se encuentran en el sector turístico. En Quintana Roo, agrega, el 60 por ciento de las concesiones de agua está en manos del sector hotelero, mientras comunidades locales enfrentan escasez.
En tanto, advierte, los bancos han comprado concesiones para uso agrícola, contraviniendo la Constitución, lo que apunta a la financiarizacion de lo que debería ser un derecho. La adquisición, apunta, inicio desde la década de los 90 del siglo pasado y para septiembre de 2024 los bancos sumaban 183 concesiones.
"En México hubo una privatización generalizada que sigue vigente. Si bien en el país no hubo una venta del agua como en otros países, se crearon las condiciones para privatizar en algunos municipios y entregar concesiones a grandes empresas en todo el país", señala.
"El sistema legal e institucional que regula la extracción de agua está en contra de lo público. Esto se hace evidente cuando se observa que la cantidad recaudada por derechos de extracción de aguas nacionales no cubre siquiera el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)".
El informe remarca que los recursos, tanto financieros como humanos, para una efectiva inspección de las concesiones son muy limitados. En promedio, detalla, se dispone de 6 personas por entidad federativa para realizar esa labor y hay 12 entidades con tres o menos inspectores. Si se quisiera revisar la totalidad de las concesiones vigentes, indica, cada inspector tendría que realizar 51 visitas a la semana.
Para Oxfam México, el panorama del manejo del agua es una de las expresiones de un modelo económico basado en el despojo y la extracción no sustentable de los recursos naturales, así como en la concentración excesiva de la riqueza.
"Si los beneficios no llegan a las mayorías, es extracción. La política económica ha permitido que se privaticen ganancias y socialicen pérdidas: es la institucionalización del saqueo. Necesitamos un Estado fuerte y capaz de combatir esa dinámica perversa", planteó Alexandra Haas, directora ejecutiva de la organización.
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