San Luis Potosí, SLP.- A la abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez le impidieron ingresar a la Fiscalía General del Estado con su hija, exigiéndole que la dejara sola en la sala de espera con el argumento de un "protocolo" que nunca le especificaron y que, tras una revisión, se confirmó que no existe.
Fue hasta que intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se permitió el acceso, evidenciando una práctica arbitraria y discriminatoria que vulnera los derechos de las mujeres y la niñez.
Se presentó una queja formal ante la CEDH por la presunta violación a los derechos humanos.
El acceso a la justicia debe ser garantizado sin discriminación ni obstáculos arbitrarios. Sin embargo, en un hecho que parece recurrente, la abogada Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez fue impedida de ingresar a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí junto con su hija menor de edad, bajo el argumento de un supuesto "protocolo" que restringe el acceso a niñas y niños a estas instalaciones. Este incidente no solo vulnera los derechos fundamentales de la abogada, sino que también pone en evidencia la exclusión sistemática que enfrentan las mujeres que son madres y profesionales al mismo tiempo.
Este miércoles 5 de febrero de 2025, la abogada Viera Gutiérrez acudió a una cita agendada con la titular de la Vicefiscalía Jurídica, para realizar trámites propios de su ejercicio profesional. Momentos antes, había tenido que llevar a su hija a consulta médica debido a un tema de salud imprevisto, por lo que la menor tuvo que acompañarla a la diligencia. Al intentar ingresar al edificio y dirigirse al segundo piso, el personal de seguridad le impidió el acceso, argumentando la existencia de un protocolo que prohíbe la entrada de menores de edad.
Cuando la abogada solicitó información específica sobre dicho protocolo, no recibió ninguna respuesta clara. Ante esta negativa, se llevó a cabo una revisión en el sitio web y redes sociales de la Fiscalía General del Estado, sin encontrar referencia alguna a la existencia de tal normativa. Esto demuestra que la negativa de acceso no responde a una disposición institucional transparente, sino a una práctica arbitraria y discriminatoria.
La abogada Viera Gutiérrez tuvo que esperar por un largo periodo hasta que, finalmente, y solo tras la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se le permitió el ingreso con su hija. Sin embargo, este incidente no debe quedar solo en una solución momentánea. Posteriormente, se presentó una queja formal ante la CEDH con el objetivo de evitar que este tipo de actos vuelvan a repetirse y que ninguna otra madre sea sometida a una situación similar.
La decisión de impedir el acceso de la abogada y su hija no es un hecho aislado, sino un reflejo de un problema estructural que afecta a muchas mujeres en el ejercicio de su profesión. Se trata de una forma de violencia institucional que limita las oportunidades de las mujeres al imponerles condiciones injustas para poder desempeñar su labor. No se puede permitir que la maternidad sea utilizada como un criterio de exclusión en los espacios de justicia ni en ninguna otra área profesional.
Además de discriminar a la abogada por ser madre, esta acción vulneró los derechos de su hija. Las niñas y niños son sujetos de derechos y deben ser reconocidos como tales. Resulta inaceptable que una institución pública exija a una madre que deje a su hija sola en un espacio público, exponiéndola a riesgos innecesarios. La violencia institucional se manifiesta también en estas imposiciones que atentan contra la seguridad, la dignidad y la igualdad de oportunidades.
El acceso a la justicia no puede estar condicionado por normas inexistentes utilizadas de manera discrecional para justificar prácticas discriminatorias. La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas, sin distinción de género o condición, puedan ejercer sus derechos sin restricciones arbitrarias. Urge que se revisen y transparenten las disposiciones internas para evitar que sean utilizadas como herramientas de exclusión.
Exigimos que la Fiscalía General del Estado emita una explicación pública sobre lo sucedido y tome medidas concretas para asegurar que este tipo de situaciones no se repitan. Es necesario establecer protocolos claros y accesibles que no sean aplicados de manera discriminatoria ni se utilicen como excusa para restringir derechos fundamentales.
Las mujeres no están solas en esta lucha. La indignación ante estos actos debe traducirse en exigencias firmes hacia las autoridades para que se respeten los derechos de todas las personas, en especial de las mujeres y niñas. No se trata solo del caso de la abogada Viera Gutiérrez y su hija: se trata de transformar las estructuras que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Se trata de justicia, dignidad y derechos humanos.
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