La Fiscalía General de la República (FGR) inició formalmente las carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia en contra de dos jueces federales que dictaron fallos contra la reforma judicial.
Se trata de Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito con sede en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco.
Ambos juzgadores dieron a conocer esta mañana que la FGR les envió sendos oficios para requerirles información que será integrada a las indagatorias iniciadas en su contra.
Santamaría dictó suspensiones que ordenan frenar la elección judicial, mientras que Ruiz emitió la primera sentencia de amparo contra la reforma. El primero fue denunciado ante la Fiscalía por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual lo acusó de invadir su jurisdicción.
"Estos actos son tendientes a amedrentarnos, yo no tengo miedo, yo lo he dicho en anteriores ocasiones, mis resoluciones son con base a las facultades constitucionales que tengo, (mi sentencia) está fundada y motivada", dijo Ruiz Márquez en la conferencia matutina de los juzgadores.
"En lugar de controvertir mi decisión, utilizan este tipo de mecanismos donde eventualmente sé que seré imputada por la comisión de un delito contra la administración de la justicia".
La juzgadora también reveló que el bloque oficialista en el Consejo de la Judicatura Federal -integrado por lo consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina- votaron para que le iniciaran un procedimiento disciplinario por su resolución.
"En lugar de perseguir delincuentes, están persiguiendo a juzgadores", expresó la impartidora de justicia.
En la rueda de prensa, Samir Fajardo Morales, abogado internacionalista que representa a los juzgadores, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares que brinden protección a los jueces que ahora son perseguidos.
