El INE suavizó las reglas de fiscalización para evitar que los candidatos a cargos del Poder Judicial pierdan su candidatura por algunas faltas.
La propuesta de un grupo de consejeros era establecer que se castigaría con "la cancelación del registro de la candidatura" cuando los aspirantes a juzgadores no presentaran su Informe Único de Gastos.
Además cuando reciban recursos públicos o privados, y cuando asistan a eventos de partidos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes o de organizaciones que buscan ser institutos políticos.
Algunos consejeros plantearon desaparecer dicha sanción, sin embargo, otros afirmaron que necesitaban un castigo severo a las ilegalidades.
Tras una larga discusión, y a propuesta del consejero Martín Faz, por mayoría se acordó que la cancelación del registro no aplicará en la omisión del informe de gastos, y en el caso de las otras dos faltas se valorará "cuando la gravedad lo amerite".
Las otras sanciones que se mantuvieron para una veintena de infracciones por el origen y destino de los recursos que usan en campañas son la amonestación pública y multas de hasta 565 mil 700 pesos. Limitan promociónLos candidatos al Poder Judicial sufrirán para promover su aspiración: no podrán promoverse en espectaculares, bardas o cualquier medio en vía pública.
El proyecto establece que deberán erogar el dinero de sus bolsillos, pues no pueden recibir recursos de privados o públicos, y sólo podrán usarlo para traslados, combustible, hospedaje y alimentos.
Podrán gastar en el pago de propaganda impresa, producción y edición de imágenes o promocionales para redes o medios digitales propios.
Terceros podrán mencionarlos en sus redes sociales, siempre y cuando no sean mensajes pagados por ellos u otras personas.
"Queda prohibida la contratación y/o adquisición en territorio nacional o fuera de él, por sí o por interpósita persona, de tiempos de radio y televisión para la promoción de las personas candidatas a juzgadoras, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública, vallas, parabuses, entre otros", advierten los lineamientos.
El INE tendrá una tarea maratónica para fiscalizar esta elección, pues serán más de 5 mil 300 candidatos, además de cientos de contendientes a jueces locales, así como quienes competirán por las Alcaldías de Durango y Veracruz.
Para dicha labor, el Instituto podrá pedir información de cuentas o bienes personales a diversas dependencias, pero también indagar la situación patrimonial de "cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos".
El organismo advierte que estará atento de contradicciones, movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados.
Para conseguir dinero, los candidatos no podrán realizar sorteos, rifas, donaciones o cualquier otra actividad para captar de recursos.
También se advierte que en los monitoreos se vigilará cualquier indicio de desvío de recursos, en efectivo o especie, de gobiernos de cualquier nivel, congresos o de los poderes judiciales.
Lo mismo sucederá con la actividad de los partidos políticos, los cuales tienen prohibido promover la elección o a los candidatos, y de las organizaciones que buscan ser nuevos partidos.
