La Voz de... Evitar la impunidad: del desvío de recursos a la fiscalía

Ahora se manda a las fiscalías antes de emitir una sanción

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), señaló que una vez que conocen la cuenta pública de algún ente obligado a transparentar su manejo de recursos, y se detecta algún movimiento que podría ser constitutivo de delito, no solamente se notifica a la autoridad correspondiente y al propio ente obligado sino que el IFSE está obligado a darle seguimiento hasta la conclusión.

Agregó que en esta etapa “Lo que apremia es que inmediatamente que detectamos un hecho con apariencia de delito, darle parte a la fiscalía encargada para que esto no se siga dando, porque el proceso de fiscalización es largo, ahorita estamos revisando, apenas vamos a iniciar la revisión de las cuentas públicas de 2024. El ejercicio 2023 ya lo concluimos, entregamos los informes finales al Congreso, ellos están por hacer una calificación de nuestro trabajo, sin embargo, los ayuntamientos y los entes fiscalizados también del gobierno del estado tienen hasta finales de este mes para entregarnos las últimas solventaciones”.

El auditor reiteró que se trata de un procedimiento largo, pero “Ahora ya te dicta el procedimiento que se manda al tribunal en caso de que sea considerado grave, al Tribunal de Justicia Administrativa, quien va a llevar a cabo una resolución y en su caso, va a dictar la sanción e inscribir, en caso de ser inhabilitado, al Tribunal de Justicia Administrativa, pero en caso de haber otro tipo de responsabilidades, digamos penales u otra cosa, se manda directamente, de hecho esa es la práctica actual que estamos implementando, que es a partir de que tengamos conocimiento de un hecho con apariencia de delito, una inexistencia de una obra, una inexistencia de un bien, que es claro que se defraudó al ciudadano.

Que no haya temas políticos al calificar nuestro trabajo

Lecourtois López dijo que “Finalmente, las cuentas públicas tienen que pasar a la aprobación del Congreso, pero de ahí se derivan también algunas responsabilidades, algunas cosas. Está por aprobarse nuestro trabajo y esperamos que también el Congreso tome en cuenta eso, la calidad y la eficiencia de nuestra labor y no temas políticos en cuanto a que si se sancionó más a un grupo político que a otro, o que ‘fíjate que fulanito era amigo mío y es de mi partido, ¿por qué lo sancionaste?’, y que eso quede totalmente descartado”.

El titular del IFSE señaló como ejemplo el problema que se presentó hace pocos días en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde hubo un robo, “Y la explicación pública hasta ahorita, no podemos conjeturar más, es de que un policía se hizo pasar por el presidente, le habló a una empleada para que hiciera unos depósitos, un movimiento económico y la empleada lo hizo”.

Cuestionó incrédulo que “¿Cuál procedimiento hubo de por medio? ¿Qué es lo que tienen que hacer para el manejo de los recursos de un ayuntamiento o disponer de efectivo? Eso es lo que se hace curioso y a lo mejor ustedes tienen una panorámica de cómo debe manejarse esto. ¿O es posible eso? De entrada hay una responsabilidad administrativa de quien maneja las finanzas en el municipio”.

Que la empleada hiciera la transferencia fue peor

Se preguntó también “Cómo es posible que un empleado tenga a su alcance los tokens, las cuentas bancarias de la institución, de la cuenta bancaria de la presidencia municipal, el manejo del recurso público de un ente público. Y pedir un depósito por una llamada telefónica, una llamada telefónica, ni que fuera el tío”.

“Oye tío, deposítame. Ni un memorándum de por medio. Hay una responsabilidad administrativa porque estos tokens, estas claves, estas contraseñas, solamente deben de estar en poder del tesorero y del alcalde, nada más”.

El auditor explicó que “Orgánicamente son los responsables de las finanzas públicas de la entidad pública. Entonces ahí no nada más hay un delito de quien realizó el robo. Hay responsabilidades mayores”.

Y agregó que "Hay una responsabilidad administrativa porque una institución pública no puede permitirse de ninguna forma tener un manejo tan laxo".

La justificación de que ‘fue una empleada, no fui yo’, es todavía peor porque la empleada no debió haber tenido las claves de banco”.