El decreto firmado por el Presidente Donald Trump para negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio de Estados Unidos de padres indocumentados o de padres presentes con una visa temporal, incluyendo turistas y estudiantes, va contra precedentes jurídicos de más de 150 años.
Denominado como "Decreto para Proteger el Significado y el Valor de la Ciudadanía de EU", la orden del republicano instruye al Gobierno federal a negar documentos de ciudadanía -pasaportes o números de seguridad social- a bebés que nazcan a partir del 19 de febrero de padres con residencia irregular o temporal en EU.
Consagrado desde 1868 en la Constitución estadounidense a través de la Enmienda 14, el derecho a la ciudadanía por nacimiento es uno de los rasgos que distinguen a EU y a la mayoría de los países de las Américas -como México y Canadá-, pero ha sido objeto de la furia de Trump y el movimiento antimigrante.
"La ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido un debate en nuestro país durante mucho tiempo, pero (Trump) acaba de presentarlo de la manera más álgida que nadie", dijo Muzaffar Chishti, director de la oficina del Migration Policy Institute en la Escuela de Derecho de la New York University (NYU, en inglés).
Justo después de la Guerra de Secesión, la Enmienda 14 buscaba garantizar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio de EU no importando la raza, color u cualquier origen, en un esfuerzo para garantizar la integración de los hijos de los esclavos africanos nacidos en territorio estadounidense.
Desde entonces la única excepción notable establecida en la Enmienda 14 es el de los hijos de los diplomáticos extranjeros nacidos en EU y que al no estar "sujetos a la jurisdicción de EU" no son sujetos a obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento; Trump y sus asesores buscan reinterpretar esto.
"Afirmar que la excepción también aplica para otras personas más allá de los (hijos de los) diplomáticos es una prueba difícil de superar", aseguró el profesor Chisti sobre el difícil camino para Trump y sus asesores.
De acuerdo con el Presidente y sus asesores, la frase "sujetos a la jurisdicción de EU" también excluiría de la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o padres con visado temporal -como turistas o estudiantes-, pues según ellos tampoco están "sujetos a la jurisdicción de EU".
Fiscales de 22 Estados del País y una multitud de organizaciones a favor de los derechos civiles y promigrantes promovieron al menos cuatro distintas impugnaciones ante Cortes Federales contra el decreto firmado por Trump, con el fin de evitar que este entre en vigor a partir del 19 de febrero como se busca.
Buena parte de las cuatro impugnaciones presentadas ante las Cortes federales se centran en el hecho de que un Presidente no puede modificar a través de un simple decreto los derechos establecidos en la Constitución y que afecta directamente el carácter de lo que constituye ser estadounidense.
"Básicamente, (Trump) sugiere el Ejecutivo puede hacer una reinterpretación de esto (el lenguaje constitucional). Creo que eso es aún más dudoso que si el Congreso hubiera avalado algo en ese sentido", indicó Chisti, asegurando que el precedente histórico beneficia en principio a los demandantes.
Si su decreto es desechado por las Cortes, Trump y sus aliados podrían intentar una ruta alterna buscando impulsar una enmienda a la Constitución, pero esto es un camino aún más cuesta arriba para ellos.
De acuerdo con la legislación estadounidense, cualquier enmienda a la Constitución debe estar respaldada por el voto de dos terceras partes de la Cámara Baja y de dos terceras partes del Senado y además debe ser ratificado por 36 de los 50 Estados de EU, lo que lo hace una misión sumamente difícil.
