A siete años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) urgió a redoblar esfuerzos para garantizar su cabal cumplimiento.
En un pronunciamiento, la organización llamó a no olvidar que el objetivo principal de la ley es la localización de las personas desaparecidas para dar una respuesta a sus familias.
"A pesar de contar con un marco legal robusto, el derecho a saber, consagrado en esta ley, sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias y para la sociedad en general. Este derecho, reconocido tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos, obliga al Estado a garantizar a las familias información clara sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos", remarcó.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indicó, contabiliza más de 121 mil casos.
"Esta cifra, enmarcada en la ocurrencia de situaciones de violencia armada en diversos estados del país, refleja una emergencia humanitaria que persiste: miles de personas han buscado por años a sus familiares desaparecidos, mientras nuevos casos ocurren, sumando a otras familias a esta dolorosa situación. En ambos casos persisten los obstáculos que ellas puedan acceder a sus derechos y a mecanismos efectivos de búsqueda y justicia", aseveró.
El CICR planteó la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno para cerrar la brecha entre el estándar que establece la ley y la realidad que viven las familias, así como para lograr mayor efectividad de los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas.
"Para ello es necesario también que el Estado mexicano continúe destinando recursos para seguir fortaleciendo a las instituciones responsables, en particular a las comisiones de búsqueda y fiscalías estatales", destacó.
