La Suprema Corte de Justicia avaló la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de oficializar el paro de labores de juzgados y tribunales para protestar por la reforma judicial, que se prolongó durante dos meses entre agosto y octubre.
Por siete votos contra tres, el Pleno de la Corte declaró la validez de la circular 17/2024, dictada por el Pleno del CJF el 23 de agosto, por medio de la cual se reconoció la existencia del paro, se fijaron reglas para mantener el trámite solo de asuntos urgentes, y se suspendieron los plazos procesales del resto de los expedientes.
Los votos en contra fueron de las Ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes aprovecharon el asunto para reprobar al CJF por haber permitido el paro.
El cese de labores, en sí mismo, no fue decisión del CJF, sino de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), que lo aprobó a partir del 21 de agosto por mil 202 votos a favor y 201 en contra
La Corte revisó hoy una consulta de Esquivel, presentada bajo el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, para aclarar la validez del paro y el posible conflicto entre juzgadores que estuvieron a favor y en contra.
A propuesta del Ministro Jorge Pardo, la Corte aclaró que la decisión de la JUFED no se podía analizar en una consulta de este tipo, pues se trata de una asociación civil que no forma parte del PJF.
Sobre la circular del CJF, Pardo afirmó que este órgano actuó dentro de sus facultades para preservar la autonomía de los tribunales y garantizar la impartición de justicia.
"De no haber emitido pronunciamiento alguno, se hubiera perjudicado el funcionamiento jurisdiccional y dejado en estado de incertidumbre a los justiciables, al no haberse suspendido los términos respectivos" explicó Pardo.
Las tres Ministras afines al Gobierno consideraron que este asunto debió quedar sin materia, pues el paro terminó a finales de octubre, pero de todos modos criticaron al CJF.
"La determinación de resolver únicamente los asuntos calificados como urgentes resulta insuficiente para garantizar el derecho de todas las personas para acceder a la justicia", dijo Loretta Ortiz.
"Si el propósito era preservar el servició público, el CJF debió ordenar precisamente eso, la continuidad del servicio, y no la suspensión, de manera que su actuación es debatible y desde mi punto de vista, absolutamente sancionable, porque su función no es estar regularizando a posteriori decisiones unilaterales que, sin contar con competencia para ello, tomaron las personas juzgadoras", agregó Batres.
También acusó al CJF de no haber tomado ninguna medida para reanudar las labores o descontar salarios a miles de trabajadores.
La circular 17/2024 fue aprobada por cuatro votos de consejeros de carrera judicial, contra tres de consejeros designados por el Ejecutivo y el Senado.
Una vez aprobada la reforma, la propia JUFED acordó reanudar labores a partir del 16 de octubre, y el 23 de octubre, el CJF advirtió que se empezaría a sancionar a los empleados faltistas, en otra circular en la que el magistrado Sergio Molina se sumó a los consejeros afines al gobierno.
Durante septiembre y octubre de 2024, los tribunales federales solo admitieron 61 mil 568 asuntos, 17 por ciento del volumen de expedientes que recibieron entre mayo y junio.
