El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios, cerca de un 26 % menos que los registrados en 2023, de acuerdo con datos divulgados este miércoles por el fiscal general, Rodolfo Delgado.
"Al 31 de diciembre de 2024, nuestro país registra cifras históricas en la reducción de homicidios intencionales", publicó Delgado en X y señaló que fueron resueltos 112 de los 114 asesinatos.
La cifra de 2024 es inferior en 40 homicidios a las 154 muertes violentas de 2023, siendo las principales causas la "intolerancia familiar" (45), la "intolerancia social" (35) y la "delincuencia general" (34).
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la bajada en los homicidios durante el Gobierno de Nayib Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Sin embargo, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que ha sido considerado como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la Administración de Bukele.
En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de supuestos pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los Gobiernos anteriores.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
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