La Voz de... Reforma y supremacía, son regresivas

Se implantó un sistema de suerte y popularidad

Para el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, las reformas al Poder Judicial y la de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, la llamada "supremacía constitucional", son regresivas para el sistema de justicia, particularmente por la profesionalización de los próximos jueces, por la carrera judicial que se va a dejar de lado para darle paso a un sistema de "suerte y popularidad", más que a un sistema de mérito y capacidad.

Consideró que “Se han trastocados, particularmente la presunción de inocencia. Nadie puede ser tratado como un delincuente hasta que se demuestre lo contrario, y aquí con una sola presunción de que estás en el catálogo y de que eventualmente cometiste ese delito, pues ya ameritaría esta prisión preventiva”.

Señaló que establecer este concepto de supremacía constitucional es que, al suponer en la Constitución cualquier disposición, reforma o previsión, no se va a poder analizar a través de un medio de control, es decir, de un juicio de amparo, de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad.

Llegarán sin experiencia ni conocimiento

Gómez Fierro indicó que no se están tomando las decisiones más adecuadas, pero se tendrá que buscar la forma de amortiguar lo más posible los efectos adversos que puedan traer consigo estas decisiones, "A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que abandonar la carrera judicial provocará que una generación de juzgadores y juzgadoras que tardaron aproximadamente 15 años en ocupar su cargo, en su mayoría van a declinar, y los que lleguen no van a tener la experiencia y conocimiento que se fue adquiriendo durante 30 años en los tribunales, y esto a quien perjudica más no es a los jueces, es en realidad a los justiciables".

Se están violando los derechos humanos

Juan Pablo Gómez detalló que “Lo que ha dicho la Corte Interamericana es que esto es inconstitucional, es inconvencional, mejor dicho, es violatorio de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tiene que analizarse caso por caso. No puedes establecer un catálogo de delitos, sino, dependiendo del caso concreto, del delito que se trate, la situación del imputado, la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia, entonces podrás adoptar una medida de prisión preventiva justificada, pero caso por caso”.

Consideró que “Al establecerlo de manera genérica para todos esos delitos, bastaría que acusaran a alguien injustamente de un delito que no cometió pero que está en ese catálogo, y esto haría que se fuera directamente a un centro de reclusión. ¿Y qué se ha hecho en México? Bueno, pues se pretendió hace unos meses analizar el artículo 19 por ser contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y precisamente a los derechos de presunción de inocencia. Ahora, el artículo 19, no solamente no se reformó y se quitó esta parte, sino que se amplió el catálogo”.

Reforma afectará el T-MEC

Para el magistrado Gómez Fierro, “Esto podría poner en riesgo el apartado 23 del T-MEC que pide a las partes que se adhirieron a este tratado, que tengan tribunales independientes para resolver las controversias que se puedan generar con motivo del Tratado de Libre Comercio”.

Consideró que “Las consecuencias para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC se verá en las negociaciones que se lleven a cabo, pero parte de los compromisos a los que se sumó México fue a tener tribunales independientes, por lo que a mí me parece que esta reforma difícilmente garantiza que podamos tener jueces independientes, pues deberán, en muchos casos, responder no al imperio de la ley ni a lo que dice la Constitución, sino a quien los impulsó para poder ocupar estos puestos”.

Por ello, dijo el magistrado potosino, “Me parece que esto podría poner en riesgo el T-MEC en su apartado 23 que obliga a quienes firmaron el tratado, a que tengan tribunales independientes para resolver las controversias que se puedan generar con motivo del tratado".

Consideró que en este panorama hay una falta de certeza y una disminución en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia, porque se restringe la posibilidad de que se pueda acudir ante un tribunal a reclamar alguna reforma que pueda vulnerar derechos humanos.