Un conjunto de ocho videos de cámaras corporales, difundidos este viernes por las autoridades estatales, muestra a varios oficiales del centro penitenciario de Marcy Correctional Facility, en el estado de Nueva York, golpeando brutalmente al recluso Robert Brooks, quien posteriormente perdió la vida. Este incidente, que ha generado indignación y exige justicia, está siendo investigado por varios organismos estatales, incluida la Fiscalía General del estado.
La serie de videos, cuyas imágenes son muy fuertes, evidencia cómo, el 9 de diciembre, Brooks, de 43 años, fue “golpeado reiteradas veces en el pecho, la cabeza y el área genital” estando esposado con las manos detrás de la espalda y recostado sobre una mesa en un consultorio médico. En un punto, incluso un oficial utiliza un zapato para agredirlo. Horas después del ataque, Brooks falleció en un hospital de Utica.
Un informe preliminar del examen forense hecho por la Oficina del Médico Forense del Condado de Onondaga revela que hubo preocupación por “una posible asfixia causada por compresión del cuello”, según reporta Syracuse. Este análisis concluyó que su muerte fue resultado directo de las acciones de terceros.
Brooks había sido trasladado el mismo día del ataque desde Mohawk Correctional Facility a la prisión de Marcy, según la fiscal general del estado, Letitia James, quien declaró: “Estos videos son impactantes y perturbadores, y recomiendo a todos tener precaución antes de verlos”. News10NBC destaca que James presentó estas imágenes durante una rueda de prensa virtual e informó que las cámaras corporales grabaron sin sonido, ya que estaban en modo de espera.
La gobernadora Kathy Hochul, al expresar públicamente su indignación, informó de la destitución de catorce empleados estatales involucrados en lo sucedido. “El Estado de Nueva York no tolerará a personas que violen la ley o abusen de su posición”, sentenció Hochul en un comunicado de prensa.
La familia de Brooks exige justicia
La familia de Robert Brooks, que tuvo acceso a las grabaciones días antes de su publicación, calificó las imágenes de atroces. En palabras de la abogada Elizabeth Mazur, quien representa a los allegados: “Ver los violentos y horribles momentos finales de la vida de Robert fue devastador para sus seres queridos. No descansaremos hasta asegurar justicia para su memoria y la seguridad de los prisioneros en Marcy Correctional Facility”.
Mazur, reconocida por haber ganado un caso significativo que resultó en la indemnización de USD 12 millones para la familia de Daniel Prude en un caso previo de brutalidad policial, ha reiterado su compromiso en este nuevo proceso legal.
Postura de los sindicatos y medidas cautelares rechazadas
Por su parte, el sindicato de oficiales de correcciones, New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association (NYSCOPBA), emitió un comunicado condenando el incidente. “Este tipo de comportamiento es inaceptable y no representa el trabajo sobresaliente de la mayoría de nuestros miembros”, afirmó el gremio.
Sin embargo, no todos los llamados a medidas específicas han avanzado. Según Syracuse, una solicitud para restricciones extremas contra tres de los oficiales implicados fue rechazada por un juez del condado de Oneida, quien argumentó no creer que ellos representen un peligro directo para sí mismos o para otros.
El impacto de este caso ha generado promesas de reformas institucionales dentro del sistema penitenciario estatal. El comisionado de NYS Department of Corrections and Community Supervision (DOCCS), Daniel Martuscello III, expresó su repudio en un comunicado compartido por News10NBC: “Debemos garantizar que nada como esto vuelva a ocurrir en nuestras instalaciones. Nuestra responsabilidad es proteger tanto a nuestro personal como a aquellos bajo nuestro cuidado”.
Mientras tanto, la investigación criminal continúa bajo la supervisión de la Fiscalía General, junto con el apoyo de la Policía Estatal y la Comisión de Corrección del estado. La oficina de James, como precisa CNN, posee facultades especiales para presentar pruebas ante un gran jurado que podría determinar cargos contra los responsables.
La muerte de Robert Brooks, originario del condado de Monroe y sentenciado en 2017 por agresión en primer grado, ha encendido nuevamente el debate sobre el abuso sistémico en las prisiones de Nueva York y exigido rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas.
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