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Presos no podrán votar en elecciones del Poder Judicial

Excelsior | 21/12/2024 | 13:36

Ante el poco presupuesto y la premura para organizar la elección judicial, los presos sin sentencia no participarán en el proceso para renovar a jueces, ministros y magistrados, determinó el INE.
 
Los comicios realizados en junio pasado fueron los primeros en México que incorporaron el voto de personas encarceladas que aún siguen bajo proceso penal.
 
Durante la sesión del Consejo General, las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel lamentaron la paradoja que implica que estas personas no participen en la mencionada elección, pese a que el futuro de la impartición de justicia es un tema determinante en sus vidas.
 
"No hay nadie con más deseos de participar en un proceso electoral del Poder Judicial que una persona que esté justamente privada de su libertad y que todavía no tenga ni siquiera una sentencia y les estamos quitando ese derecho de participar”, argumentó Carla Humphrey.
 
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Por recursos insuficientes, las personas privadas de la libertad no podrán votar en los comicios extraordinarios del próximo 1 de junio por jueces, ministros y magistrados
 
A consecuencia de los recursos limitados y la premura del tiempo con la que se organiza, en la elección extraordinaria de jueces, ministros y magistrados no serán incluidas las personas privadas de su libertad aún sin sentencia, como sucedió por primera ocasión en los comicios de junio pasado.
 
Las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel lamentaron la paradoja que los presos que carecen de sentencia no podrán participar en la definición de los futuros juzgadores.
 
Sin embargo, en el Consejo General del INE la mayoría avaló el acuerdo que excluye a los presos sin sentencia, durante la sesión extraordinaria en la que también se definieron particularidades del padrón y participación de personas con discapacidad.
 
"Me parece que no hay nadie con más deseos de participar en un proceso electoral del Poder Judicial que una persona que esté justamente privada de su libertad y que todavía no tenga ni siquiera una sentencia y les estamos quitando ese derecho de participar; lamento profundamente que no hagamos extensiva esta posibilidad y garantía de este derecho humano”, argumentó la consejera Carla Humphrey.
 
En el mismo sentido, la consejera Claudia Zavala calificó como “muy lamentable que, por razones presupuestales, por razones de tiempo y por las razones que sea y que se han invocado, excluyamos de participar y de tener los listados correspondientes a quienes residen en el exterior y lamento también muchísimo que las personas que se encuentran en procedimientos penales, no puedan ejercer su derecho de voto en un tema y en un cargo que directamente le atañe porque serán juzgados por las personas que lleguen a ocupar estos cargos en su momento”.
 
Zavala enfatizó que excluir a los mexicanos que estando en prisión todavía no tienen una sentencia implica ir en contra de derechos ciudadanos de quienes teniendo un interés directo no podrán participar.
 
"Entiendo y comprendo las razones que avalan las razones de la mayoría para hacer esta exclusión, no las comparto en general, porque creo que el Instituto debe de hacer un esfuerzo, aunque tengamos una elección compleja, porque me parece que las razones de complejidad no son suficientes para derribar la garantía de los derechos”, sostuvo la consejera Zavala.
 
El Consejo General del INE aprobó también la implementación del voto anticipado sólo para la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 
Avaló lineamientos para organizar el voto anticipado para personas con discapacidad imposibilitadas para asistir a votar, y personas cuidadoras primarias.
 
Los consejeros aprobaron además el acuerdo que señala las fechas máximas que permitan contar con viabilidad material y operativa para la realización de las actividades a cargo del Instituto Nacional Electoral respecto de las elecciones extraordinarias de los poderes judiciales locales concurrentes con la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal en el año 2025.