Jorge Torres | 20/12/2024 | 03:09
El Congreso del Estado aprobó hace unos días las reformas constitucionales que propician la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado para el 2025, para lo cual se determinó que el proceso extraordinario comience el 2 de enero, con la instalación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que será el encargado de conducir esta elección, aunque hay varios retos por delante que el organismo electoral debe sortear en los temas operativos y presupuestales.
Serán tres elecciones
El Ceepac deberá preparar las elecciones de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una magistratura del Tribunal Unitario Judicial y a 66 jueces y juezas de distrito de primera instancia, informó el consejero Juan Manuel Ramírez García.
Destacó que debido a esta situación, el Ceepac tendrá que organizar tres tipos de elecciones dentro del proceso electoral extraordinario de 2025, y esto probablemente implicará la instalación de tres urnas en el ámbito estatal, además de las correspondientes a la elección federal.
Elección será similar a la de gubernatura
Juan Manuel Ramírez apuntó que las elecciones del Supremo Tribunal de Justicia y la magistratura del Tribunal Unitario de Administración serán comparables a una elección de Gubernatura del Estado, es decir, todos los ciudadanos potosinos con derecho a votar deberán elegir esos cargos. Además, las elecciones para jueces y juezas serán distritales.
Señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la atribución constitucional sobre la geografía electoral, pero según la normatividad judicial, existen 13 distritos judiciales en el estado. Esto implica que habrá una elección de jueces y juezas por distrito, aunque será necesario ver si la geografía electoral se puede adaptar a las demás elecciones, como las de gubernatura y diputaciones.
Ceepac proyecta ampliación presupuestal
A pesar de todo lo que tiene que hacer el Ceepac, el organismo aún no define la ampliación presupuestal que solicitará al Congreso local para realizar la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado, pero se considera que la cifra no puede ser menor a los 172.5 millones de pesos que se autorizaron para el pasado proceso electoral ordinario, informó Paloma Blanco López, presidenta del Ceepac.
Destacó que se está haciendo un ejercicio de proyección del gasto, por lo que se tiene cautela de no lanzar cifras hasta no tener certeza de lo que se necesita, pero agregó que el organismo electoral sigue los criterios de racionalidad administrativa, y adelantó que se solicitará lo indispensable y necesario para llevar a cabo un ejercicio con la calidad que la ciudadanía merece.
INE proyecta calendario
La Comisión Temporal del INE para la Elección Judicial aprobó el anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se señalan las fechas máximas que permitan contar con viabilidad material y operativa para la realización de las actividades a cargo del instituto, respecto a las elecciones extraordinarias de los poderes judiciales locales concurrentes con la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal.
El INE emite un calendario con fechas para diversas actividades que deben cumplir los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES); la primera de ellas es que los OPLES y el INE reciban el número a cargos a renovarse en la elección a más tardar el 15 de enero.
Emitirá el plan integral y el calendario de coordinación en el que se considere la totalidad de entidades con elección extraordinaria del Poder Judicial Local, en caso de aprobarlo con antelación en el informe de seguimiento incluir la totalidad de entidades, a más tardar el 28 de febrero.
Cabe destacar que hasta el momento, junto con San Luis Potosí, 10 entidades han decidido elegir a personas jugadoras mediante voto popular en elección que se celebrará el 1 de junio del 2025.
Esperan contar con los recursos
El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García consideró positivo que se realice esta elección judicial local en 2025, dado que en 2027 San Luis Potosí tendrá una elección de "carro completo" (gubernatura, diputaciones y ayuntamientos). De ser así, empatar la elección judicial resultará en una elección enorme, con seis elecciones como mínimo, más la elección federal, lo que conllevaría un gasto enorme en términos presupuestales.
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