David Medrano | 18/12/2024 | 03:11
Desde su aprobación el pasado 13 de diciembre, la Ley del Infonavit ha generado una discusión pública en torno a los cambios que plantea y si estos ponen en riesgo o no los ahorros de los trabajadores. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca construir un millón de viviendas con ayuda de este organismo y ofrecer esquemas de arrendamiento a los trabajadores.
Alianza Empresarial rechaza reforma
La Alianza Empresarial, en conjunto con representaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se sumaron a la demanda de que esta reforma sea sometida a una mesa de análisis y se haga un replanteamiento para garantizar el modelo tripartita del instituto y dejar a salvo los ahorros de los trabajadores.
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, coordinador de la Alianza, dijo que no están en contra de la reforma, por el contrario, celebró que la Federación haya generado un plan que permita atender el inmenso déficit de vivienda tipo económico que hay en el país, pero se necesita que participen la parte patronal y laboral, para enriquecer la propuesta gubernamental y garantizar el modelo tripartito vigente en el instituto.
¿Por qué IP está en contra?
Los empresarios están en contra de la Ley del Infonavit porque consideran que la reforma al artículo 42 permitiría al gobierno disponer de los recursos de las subcuentas de vivienda sin controles ni garantías, lo que podría poner en riesgo el ahorro de los trabajadores.
Además, critican que la reforma también modificaría los órganos de vigilancia del Infonavit, como la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría, lo que podría darle al gobierno un control absoluto sobre los recursos del instituto.
CMIC llama a hacer presión
Juan Manuel Pérez Herrera, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), consideró que la reforma a la Ley del Infonavit está sustentada en un criterio autoritario y unilateral, por lo que debe considerarse dar reversa a esa modificación avalada por las cámaras de diputados y de senadores.
Pérez Herrera consideró que, más allá de expresar preocupación, la unión de cámaras empresariales en el país, encabezadas por la Concamin, deben hacer la suficiente presión para modificar esa reforma, ya que dos partes involucradas, la patronal y la de los trabajadores, a través de los sindicatos, han externado su rechazo a la reforma a la Ley del Infonavit, la cual tiene como principal efecto disponer de poco más de 2.3 billones de pesos, en ahorros de trabajadores hechos para la compra de vivienda de manera discrecional, bajo la justificación de que será para estimular la construcción de casa habitación.
CTM también en contra
Alejandro Flores, secretario General sustituto de la CTM, señaló que millones de mexicanos con subcuentas en el Infonavit, tanto sindicalizados como externos, generan un blindaje natural contra la pretendida reforma, cuyos efectos, cuando entre en vigor, puede afectar a todos ellos; destacó que las subcuentas en el Infonavit, susceptibles de ser afectadas por la reforma, contienen un estimado de poco más de 2.3 billones de pesos.
Vivienda económica cayó por falta de subsidios: Canadevi
Esta reforma a la Ley de Infonavit tiene que ver también por la desaparición de los subsidios dentro de la política federal de vivienda, que es la principal causa por la que cayó la construcción de la vivienda de tipo económico, explicó Ignacio Gómez, vocero de la Cámara Nacional de la Industria de Promoción y Desarrollo de la Vivienda (Canadevi).
Por ello, ahora que la Federación ha diseñado un nuevo plan de vivienda, expuso que con la cooperación de los gobiernos estatales y municipales podrá obtenerse con más facilidad licencias de construcción, autorizaciones, y reservas territoriales accesibles, con las que será rentable otra vez, la edificación de la de tipo económico, y atender el inmenso rezago que hay en el país.
Se espera que en 2025 se aborde el tema
Con un dictamen avalado ya en la Cámara de Diputados y Senadores, la reforma fue pospuesta para su aprobación en sesión plenaria, hasta el mes de enero o febrero de 2025, con lo que los empresarios consideran que hay tiempo suficiente de reflexionar en torno a la propuesta, y plantear esa mesa de análisis.