Aprobada reforma para la elección directa de juzgadores en el Poder Judicial

San Luis Potosí, SLP.- Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que modifica diversas disposiciones de las leyes Electoral del Estado y de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de armonizar las leyes secundarias con las reformas constitucionales y legales aplicables al Poder Judicial del Estado, buscando coherencia y uniformidad en dichas disposiciones.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, explicó que con estas armonizaciones, se contará con un sistema de elección directa de jueces, juezas, magistrados y magistradas del Estado, bajo el principio de legitimidad democrática y rendición de cuentas.

Se establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado serán los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial y los jueces y juezas de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

Las elecciones de personas juzgadoras se llevarán a cabo el primer domingo de junio de cada seis años para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, de cada nueve años para el cargo de jueces y juezas de primera instancia y de cada doce años para el cargo de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.

Los jueces y juezas de primera instancia durarán nueve años y podrán ser reelegidos de manera consecutiva por una única ocasión. La persona magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial durará en su cargo seis años sin posibilidad de reelección, y los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado durarán en el ejercicio de su cargo doce años sin posibilidad de reelección.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será la autoridad responsable de la organización del proceso electivo, la jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Además, se establece la creación de un Comité de Evaluación que será el encargado de emitir la convocatoria dirigida a profesionales del derecho en el Estado de San Luis Potosí, interesados en participar en la evaluación y selección de postulaciones para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Este comité deberá señalar los cargos a elegir, requisitos, documentos para acreditarlos, el ámbito territorial que corresponda y las fechas de cumplimiento, y deberá dar amplia difusión en todo el Estado.

Se señala que con las armonizaciones al marco electoral estatal, se fortalecerá el Estado de Derecho y la independencia judicial, aumentando la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía potosina. Al ser las personas juzgadoras emanadas y electas por voto directo, se incrementará la imparcialidad y transparencia, lo cual busca combatir la corrupción y hacer más accesible la impartición de justicia.

Con estas adecuaciones, los ordenamientos estatales pretenden reorganizar el sistema judicial para que exista una verdadera independencia judicial, armonizando la Ley Electoral del Estado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución General, para que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado resulten de un proceso de elección por voto directo, siendo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la autoridad responsable de la organización de dicho proceso electivo.

Se indica que con esta reforma se brindará una verdadera independencia y autonomía al Poder Judicial, a través de un proceso de elección más transparente y cercano a las y los justiciables.

Este proceso electivo de personas juzgadoras brindará un acercamiento con la ciudadanía, contribuirá al aumento de la participación ciudadana y a su involucramiento en el sistema judicial, pues implica que todos los Poderes del Estado asuman responsabilidad frente a las y los ciudadanos, siendo sometidos a la rendición de cuentas y evaluación de su ética e integridad, lo que al final traerá como resultado una mayor confianza en las decisiones judiciales.