San Luis Potosí, SLP.- La Alianza Empresarial, en conjunto con representaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se sumaron a la demanda de que la reforma a la Ley del Infonavit, sea sometida a una mesa de análisis y se haga un replanteamiento para garantizar el modelo tripartita del instituto y dejar a salvo los ahorros de los trabajadores.
Luis Gerardo Ortuño, coordinador de la Alianza Empresarial, expuso que no están en contra de esa reforma, ni tampoco de que sea revertida, por el contrario, celebró que la Federación haya generado un plan que permita atender el inmenso déficit de vivienda tipo económico que hay en el país.
Así, los organismos empresariales de San Luis Potosí, acompañados por representaciones de la CTM, confían en que antes de reanudar los trabajos de la reforma a la Ley del Infonavit en enero de 2025 haya un debate abierto, en el que participen la parte patronal y laboral, para enriquecer la propuesta gubernamental y garantizar el modelo tripartita vigente en el instituto, en el que hay una toma de decisiones consensuada y vigilancia sobre los recursos disponibles.
Con un dictamen avalado ya en la cámara de diputados y senadores, la reforma fue pospuesta para su aprobación en sesión plenaria, hasta el mes de enero o febrero de 2025.
Ortuño expuso que en ese lapso, hay tiempo suficiente de reflexionar en torno a la propuesta, y plantear esa mesa de análisis.
Alejandro Flores secretario General Substituto de la CTM expuso que millones de mexicanos con subcuentas en el Infonavit, tanto sindicalizados como externos, generan un blindaje natural contra la pretendida reforma, cuyos efectos, cuando entre en vigor, puede afectar a todos ellos.
El sindicalista expuso que con una mayor vigilancia, a partir del tripartismo, quieren evitar riesgos de que los recursos, sean utilizados en proyectos o programas diferentes, “como ocurrió antes en el gobierno federal, en el financiamiento a el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas”.
Las subcuentas en el Infonavit, susceptibles de ser afectadas por la reforma, contienen un estimado de poco más de 2.1 billones de pesos.
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