La impunidad persistente, la ineficacia de las fiscalías, los recientes cambios al Poder Judicial para elegir por voto popular a sus integrantes y la desaparición del INAI provocaron que México descendiera dos lugares en la "Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024" y redujera en casi un punto su calificación.
De acuerdo con el documento dado a conocer este lunes, México pasó del del lugar 9 con una calificación de 5.64, obtenido en la edición 2021-2022, al lugar 11 con 4.62 de puntaje este año.
"Los resultados actuales no han demostrado una alta eficiencia de la atención a las políticas anticorrupción establecidas, la alta impunidad a su vez refleja los obstáculos que aun enfrenta la disparidad entre la realidad práctica y la realidad jurídica en el combate a la corrupción en el país", indica.
El estudio, elaborado por el Centro Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, otorga una calificación de cero (más bajo) a 10 (más alto) para evaluar los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en dieciocho países de la región.
El estudio califica por separado tres aspectos, el primero de ellos es la Legislación, en el que se analiza la fortaleza del marco institucional y en ella México obtuvo 8.57; las Autoridades, que toma en cuenta la eficacia de las instituciones, y aquí se dio un puntaje de 3.40; y la Implementación del diseño institucional, en donde el País sumó 2.45 puntos.
Pese a que México destaca por tener una legislación robusta, pues en 2014 y 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, falla en la implementación y en la eficacia de los Órganos Internos Control y de las fiscalías anticorrupción.
La evaluación tomó en cuanta el marco legal de los últimos dos años de la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
"La elección (de los impartidores de justicia) podría no garantizar que las personas elegidas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar sus funciones y comprometer su independencia e imparcialidad. Representando un riesgo no solo en la impartición, acceso a la justicia e independencia judicial, sino también en la división de poderes y el Estado de derecho", señala.
En el caso INAI su desaparición implica que parte de sus funciones serán absorbidas por el Poder Ejecutivo, además de que el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por siete instituciones, perderá a uno de sus miembros.
"A pesar de que claramente la comunidad jurídica reconoce la transparencia como una herramienta muy importante para la lucha contra la corrupción, hubo una reforma constitucional en noviembre de 2024 para desaparecer esta institución y regresar las funciones al ámbito del ejecutivo", explica.
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