La presidenta de Perú, Dina Boluarte, va a gobernar hasta el 28 de julio de 2026, acudirá a las citaciones de la Fiscalía por las investigaciones abiertas en su contra y "no hay razón alguna" para que busque asilo político cuando concluya su periodo, afirmó este viernes el primer ministro, Gustavo Adrianzén.
En declaraciones a la prensa, Adrianzén respondió así ante una pregunta acerca de si Boluarte permanecerá en el país para afrontar las denuncias por presunta corrupción.
Afirmó que la mandataria "va a gobernar hasta el 28 de julio de 2026, a partir de ahí, por mandato legal, tiene que permanecer por un periodo mínimo de 6 meses" en Perú.
El presidente del Consejo de Ministros aseguró que "va a cumplir con la ley", como lo viene haciendo frente a "cada una de las citaciones que se le ha formulado en sede fiscal".
Ante una consulta sobre la posibilidad de que Boluarte busque asilo, tras concluir el periodo presidencial, Adrianzén respondió que "no hay ninguna duda, ni tiene por qué empezarse a construir ninguna leyenda, respecto de unos presuntos o la voluntad existente de un asilo".
"No hay razón alguna para que la presidenta tenga que recurrir a aquello", expresó el primer ministro a los reporteros en Palacio de Gobierno.
Adrianzén también recordó que, el jueves, Boluarte se dirigió en un mensaje a la nación para exhortar a la fiscal general, Delia Espinoza, que la cite a declarar sobre el caso de presunto abandono temporal del cargo para someterse a una cirugía en la nariz en 2023, que no fue informada en su momento.
Añadió que la mandataria desea "explicar cada una de las razones respecto de las inquietudes que existen" y que para eso llevará toda la documentación médica correspondiente.
El jefe de gabinete expresó también que les sorprende la "inusitada rapidez" de la Fiscalía para abrir expedientes preliminares a Boluarte, pero que ahora "espera ser citada por las instancias respectivas".
La jefa de Estado tiene varias investigaciones abiertas en la Fiscalía de la Nación que incluyen casos, tan diversos, como la muerte y lesiones a manifestantes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, las joyas y relojes Rolex recibidos de una autoridad regional o el presunto encubrimiento en la fuga del prófugo líder del partido Perú Libre.