Diez días después de haber declarado por sorpresa la ley marcial y haber sumido al país en el caos político, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, encara una muy posible destitución después de que diputados y altos cargos de su partido hayan decidido apoyar públicamente su inhabilitación.
El opositor y liberal Partido Democrático (PD) tiene previsto someter a voto la moción para inhabilitar a Yoon en una sesión parlamentaria que comenzará en torno a las 16.00 hora local (7.00 GMT) del 14 de diciembre.
Para que la iniciativa presentada por la oposición prospere hacen falta ocho votos de parlamentarios del gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon, y de momento siete diputados han expresado públicamente su apoyo a la moción.
A su vez, figuras de peso de la formación, como su líder, Han Dong-hoon, o el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, han dicho que la destitución es la única salida a la situación actual.
Este escenario hace pensar que Yoon seguramente no logre sobrevivir a esta segunda moción para sacarlo del puesto con base en su decisión de movilizar tropas el pasado 3 de diciembre para evitar que en la Asamblea Nacional (Parlamento) se votase la revocación de la ley marcial que acababa de proclamar, según han contado ante comités parlamentarios mandos militares que aseguraron que decidieron en un momento dado dejar de cumplir órdenes al dudar de su legalidad.
Cambio de postura
El presidente logró sortear el pasado sábado una primera moción para destituirlo gracias al boicot del PPP, que defendió en su momento una salida "ordenada" de Yoon que implicaba su dimisión en torno a la primavera para así limitar el daño electoral para la formación conservadora y darle tiempo a recomponerse.
Pero la postura del partido gobernante cambió a raíz del discurso de Yoon que se televisó ayer y en el que el presidente aseguró que declaró la ley marcial para "salvar" la democracia en el país, según él amenazada por los comportamientos antiestatales de la oposición.
En tono desafiante, el mandatario afirmó que la decisión entra dentro "del ámbito de la autoridad ejecutiva" y "que no está sujeta a revisión judicial", antes de añadir que luchará "hasta el último momento junto al pueblo" y que encarará "con confianza" los intentos por destituirlo y las investigaciones que pesan sobre él.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Un delito grave
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer, con o sin destitución, el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
En caso de prosperar la destitución mañana, Yoon quedaría inhabilitado a la espera de que el Tribunal Constitucional determine si el presidente violo o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el 3 de diciembre.
Si el Constitucional determinara que así fue, Yoon sería el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur después de que la también conservadora Park Geun-hye fuera apartada del poder y encarcelada en 2017 por una compleja trama de corrupción.
Mientras, en las calles de Seúl y otras ciudades surcoreanas miles de personas se siguen dando cita a diario y desafiando las bajas temperaturas para protestar y exigir que Yoon deje el poder.
Se espera que mañana se celebre otra gran manifestación frente a la Asamblea Nacional, donde se decidirá el destino del presidente surcoreano y donde podría empezar a recomponerse el horizonte político de la cuarta economía de Asia.
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