Seguramente Usted no tiene presente -y no tendría por qué, francamente- que un servidor es administrador público de formación académica. Es decir, no soy abogado, no soy contador… soy un administrador público formado en aulas de instituciones educativas públicas y forjado en el servicio público con algo de experiencia en gobiernos estatales y federal, y los poderes ejecutivo y legislativo.
El común denominador de cosas que he visto en mis estudios y en el ejercicio profesional respecto de lo que pasa en los gobiernos, es que la realidad siempre rebasa la capacidad de innovación de los entes públicos. Dicho de otra manera, los problemas rebasan la capacidad de atención que tienen los gobiernos y el cambio social siempre va por delante del cambio institucional en los gobiernos para que estos se adapten -ya no digamos que vayan a la vanguardia- y respondan. Por supuesto, hay sus excepciones, pero la regla es esa.
Un asunto de lo más ordinario que pasa con los cambios de gobierno en el plano estatal es que se llevan a cabo reformas a las leyes orgánicas de la administración pública estatal con el propósito de crear áreas, modificar existentes y, básicamente, que cada nueva administración estatal le ponga un sello distinto en el papel -en la norma- a su gobierno. Pero detrás de ello, lo más posible es que solamente exista una idea “idealista” -valga la expresión- de lo que pueda hacer tal o cual dependencia, pero como dice el dicho, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.
En ese orden de ideas, es posible que ese cambio tenga una buena intención, pero también es muy factible que ese idealismo se tope en la realidad de lo operativo, del ejercicio de gobierno, sobre todo porque se considera que plasmando en una ley un cambio para el gobierno estatal ya en automático se comienza a operar, y no es así. Echar a andar un cambio comienza por una norma, sí, pero en el camino venidero hay hoyos, baches, diques y miles de obstáculos más que no se visualizan en primera instancia.
Y es justo en este punto en donde se abre el espacio para un reto académico. Las escuelas de educación superior -y con posgrados- tienen programas académicos con sus respectivos planes de estudio que, me parece, no tienden a profundizar en reconocer el mayor obstáculo que una iniciativa tendiente a lo público puede enfrentar: al gobierno (inserte aquí su idea de los gobiernos federal, estatal y municipal, o todo aquello que Usted considere “gobierno”, o “burocracia”).
La administración pública, entre muchas definiciones, puede considerarse como “un sistema que comprende un conjunto de relaciones entre gobierno y ciudadanía para llevar a cabo diferentes asuntos públicos mediante la función administrativa y de gestión del estado” (Manuel Diez, 1977). Ese sistema es complejo y aunque pareciera que es lo mismo de siempre, en realidad no es así. Las normas cambian y en consecuencia, los procesos. Y ello va de la mano con las necesidades de la población, caracterizadas por condiciones geográficas, sociales, culturales, económicas que tienen muchísimo tiempo permeando. ¿Me sigue? Ese sistema comprende entonces un conjunto de relaciones sumamente complejas. Y éstas relaciones pueden verse con un lente sociológico, histórico, productivo o político, y es donde radica aún más el reto de las entidades académicas, de preparar generaciones de profesionistas que no solamente posean grandes habilidades técnicas y destrezas en sus materias, sino que entiendan el momento que se vive, el por qué y cómo se construyó ese momento y, sobre todo, la prospectiva con base en ello, porque será el entorno en el cual se desenvolverán y tendrán que encarar, de una u otra manera, esa parte del Estado que se conoce como “gobierno”.
El futuro por definición es incierto. Pero es mucho más inquietante pensar en el con el vacío de una preparación académica incompleta y una inestabilidad gubernamental latente, que sabiendo qué estamos viviendo y entendernos dentro de la función gubernamental.
En las últimas semanas he tenido contacto por diferentes responsabilidades con futuros profesionales del derecho, de la administración, de la contabilidad, de ingenierías y demás. También he tenido acercamiento con autoridades estatales y municipales, y me es francamente preocupante que, en ambos casos, piensen en su interacción con el gobierno como “política” simplona o bien, como un ente inerte que está ahí para perjuicio cuando, todo lo contrario, el gobierno debe ser comprendido, visto, entendido y exigido como un agente de desarrollo.
Reformar la administración pública implica entender el momento social y las necesidades venideras (adicionales a las existentes), así como dimensionar la magnitud de la estructura gubernamental y la naturaleza de cada parte del elefante artrítico que puede ser el gobierno; además, conlleva saber que eventualmente todo lo que haya el gobierno tiene un impacto social. Las entidades educativas podrían dimensionar eso y no solamente preparar buenos profesionistas y especializarlos con posgrados, sino también construir ciudadanos conscientes y actuantes. Reformar debe ser para mejorar y la formación académica quita la venda de los ojos.
