Acusan traileros terrorismo fiscal

Empresarios del autotransporte de carga en Nuevo León acusaron a autoridades federales de terrorismo fiscal al cobrar multas injustificadas, que van de entre 25 mil y 100 mil pesos por unidad, impuestas por la Guardia Nacional en las carreteras del País en nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se trata, acusaron, de una práctica que tiene poco más de dos años, pero que se ha agudizado en el último.

Son infracciones por supuesto exceso de peso o de velocidad, entre otras, pero las faltas no se demuestran.

"La gente de la Guardia Nacional no sabe; metieron a gente que no está preparada y por darte un ejemplo, te paran y te dicen "esta unidad lleva sobrepeso", ¡pero no tienen báscula! Todo es bajo su propio criterio y ponen la multa", contó un transportista que pidió el anonimato.

Las fuentes describieron que las empresas afectadas han recurrido a tribunales fiscales y ganan los juicios, pero aun así el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les exige el pago de la multa para borrarlas de su listado con "opinión negativa".

Lo que pasa, explicaron, es que luego de que las empresas ganan los juicios los tribunales notifican a la SICT, pero esta dependencia no da aviso al SAT de que deben cancelarse las multas.

"Este año me lo han hecho nueve veces. Resulta que en enero aparecí en la lista de "opinión negativa" en el SAT, les pregunté por qué y me dijeron que porque tenía dos infracciones; entonces fue el abogado y les mostró que la sentencia se había ganado", señaló otro afectado.

"Pero el SAT dijo 'ganaste, pero a mi nadie me ha avisado, me tiene que avisar la SICT', y como la multa fue en la delegación de Chiapas, tuvo que ir el abogado hasta allá, puso una queja y luego regresó a Monterrey con evidencia de que se ganó, pero luego pasaron más de 10 días para volver a tener la 'opinión positiva' del SAT... luego en febrero, abril y otros meses ¡otra vez lo mismo!", abundó.

Otro empresario dijo que lleva acumuladas unas 40 multas, de las cuales ha pagado unas 20, aunque en todos los casos había ganado los juicios.

Los transportistas coincidieron en que es importante que sus empresas aparezcan con "opinión positiva" del SAT porque los clientes piden ese estatus para contratarlos, mientras que los bancos lo solicitan para otorgarles créditos.

Añadieron que dentro del SAT en Nuevo León les han llegado a pedir entre 100 mil y 300 mil pesos para que los cambien a "opinión positiva".

De lo contrario, anotaron, tienen que atravesar todo el proceso del juicio e ir con la SICT a la entidad en donde se cometió la supuesta infracción.

"A mí me llegaron a pedir 300 mil pesos porque mis multas sumaban más de un millón de pesos, pero les dije '¿por qué te las voy a pagar, si ya gané los juicios de que no hubo infracción'... Esto es extorsión, es terrorismo fiscal", expuso uno de ellos.