El juez federal Enrique Beltrán Santés dijo que no otorgó la libertad, sino prisión domiciliaria con brazalete electrónico, a Víctor Garcés Rojo, ex director Jurídico del la Cooperativa Cruz Azul, en su proceso por delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos.
Durante la conferencia de los impartidores de justicia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) trató de acreditar con supuestos y no con pruebas el riesgo de fuga del ex directivo.
El juzgador explicó que la defensa acreditó los problemas de salud de Garcés y, también, que en los 40 años previos a su captura vivió en un domicilio de la Ciudad de México, lo que acredita su arraigo domiciliario, uno de los requisitos para descartar la posibilidad de que se evada de la justicia.
"En este mes de diciembre de 2024 me solicitaron de nueva cuenta la audiencia y había varias cuestiones que la defensa sí se ocupó de atenderlas, pero la Fiscalía realmente, no. Y entonces determiné que esta persona continuara privada de la libertad, pero en su domicilio (...) Me parece muy importante dejarlo claro, yo no ordené que el señor quedara en libertad", dijo Santés en un enlace por videoconferencia.
"(Garcés) es un sujeto de 83 años de edad; dada su propia edad, bueno, pues es claro que no goza de buena salud. Eso es normal en las personas de más de 80 años. Me demostraron debidamente que esta persona había vivido por más de 40 años en el domicilio --al cual yo lo envié en este momento--, sin embargo, a efecto de cerciorarme que permaneciera privado de la libertad, en los términos que yo ordené, no solamente le impuse esa medida cautelar".
Comentó que los abogados acreditaron que los 3 inmuebles que la FGR le había atribuido a Garcés y con los cuales trataba de justificar su falta de arraigo, no eran de él. Uno pertenece a la mujer con la que estuvo casado toda su vida y los otros dos a sus hijas. Los 3 domicilios, precisó, están en la misma colonia de la misma alcaldía en esta ciudad.
"La Fiscalía no me hizo ver que esta persona pudiera tener algún otro domicilio en otra entidad, como para pensar que pudiera permanecer oculto, tampoco se ocupó de sus afecciones de salud. Tuvo un año la Fiscalía para poder controvertir debidamente ese tópico relativo a la salud de Víctor 'N' y que se lo hizo ver la defensa desde hace un año y la Fiscalía no se ocupó de ello", dijo.
Indicó que, además de la prisión domiciliaria, impuso a Garcés el uso de un brazalete electrónico y el pago de una garantía económica que, según fuentes judiciales consultadas por separado, es de 2.5 millones de pesos.
Otras de las medidas cautelares impuestas son la prohibición de comunicarse con testigos y coimputados, y la prohibición de salir del País, con un aviso dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, para que se lo impidan.
Santés expuso que la defensa del procesado acreditó que desde el 2018 la Unidad de Inteligencia Financiera le había congelado todas sus cuentas bancarias.
Y, aunque la FGR expuso que podría disponer de una cuenta de inversión de una empresa, de la que se retiraron 138 millones de pesos, en la audiencia los fiscales no le presentaron datos de prueba y todo se quedó en suposiciones.
"Por lo tanto, había sido materialmente imposible que él fuera el sujeto que dispuso del dinero de la transacción que tanto hablaba la Fiscalía y hay un argumento que me llamó la atención dentro de el debate y es que una de las agentes del Ministerio Público hizo una mera suposición y dijo 'bueno, yo supongo que el señor, podemos suponer, que el señor tiene ese dinero'
"Sin embargo, pues no podemos resolver nosotros los juzgadores a base de suposiciones y le correspondía al Ministerio Público debidamente comprobar su pretensión si era el caso que este sujeto si querían que este sujeto continuará privado de la libertad en un centro carcelario".