El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que busca llevar a cabo una campaña de deportación masiva una vez que asuma las riendas del país.
Aunque ha brindado pocos detalles, Trump ha sugerido que invocará la Ley de Insurrección y la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar una intervención militar en el control de la migración.
Una de las principales barreras legales es la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso de fuerzas militares en tareas de aplicación de la ley dentro del país. Sin embargo, existen varias disposiciones que podrían permitir el despliegue militar de manera más flexible, analizadas por la organización Just Security.
En primer lugar, el artículo de Just Security analiza el Capítulo 15 del Título 10 del Código de Estados Unidos permite que las fuerzas armadas federales ayuden en la logística y suministros para la aplicación de la ley, sin realizar directamente tareas de control migratorio.
En cuanto a la declaración de la emergencia nacional, la medida podría liberar recursos adicionales para la asistencia militar, aunque no autoriza a las fuerzas armadas a participar directamente en actividades de deportación.
Por otro lado, la Ley 32 USC 502(f)(2)(A) permite que los Gobernadores desplieguen a la Guardia Nacional bajo ciertas condiciones federales. Cuando se federaliza, la Guardia Nacional puede realizar tareas de aplicación de la ley sin las restricciones de la Ley Posse Comitatus.
La Ley de Insurrección permite al Presidente federalizar la Guardia Nacional y desplegar fuerzas armadas en cualquier parte del país, lo que le otorgaría una mayor flexibilidad para usar a los militares en tareas de control migratorio.
Finalmente, la Ley de Enemigos Extranjeros aunque no autoriza de manera directa el despliegue militar, combinada con otras leyes como la de Insurrección, podría dar un marco legal para la deportación militarizada de migrantes.
"Cabe destacar que la Ley de Enemigos Extranjeros no autoriza por sí misma la participación militar en la aplicación de la ley. Sin embargo, si el ejército se desplegara en virtud de otras autoridades (como la Ley de Insurrección), Trump podría intentar utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para ampliar esos usos del ejército a fin de incluir la detención sumaria y la deportación (...)", escribe Just Security.
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