La Voz de... Se debe de abonar a la transición

Habrá de instrumentarse un nuevo sistema de transparencia

José Gerardo Navarro Alviso, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, consideró que “Estamos ante la oportunidad histórica, pues no se debe de olvidar que San Luis Potosí ha sido pionero en crear instituciones como el actual Consejo Estatal Electoral, antes de la existencia del INE, la propia Cegaip y la transformación del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, entre otros órganos autónomos que en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción son necesarios ante la exigencia ciudadana”.

Dijo que en San Luis Potosí, las voces se han hecho valer y “Nuestras autoridades locales han sido objetivas en el seguimiento de la reforma respecto al sistema de transparencia, y auguran que habrá de instrumentarse un nuevo sistema en materia de transparencia y protección de datos, que permita a los ciudadanos su acceso, tutela y protección, por lo que, ante la inminente entrada en vigor de la reforma constitucional, se debe de abonar a la transición y no a la desaparición del sistema de transparencia local, pues recordemos que el federalismo y la soberanía estatal permite al Estado caminar en armonía constitucional con un nuevo modelo en transparencia y protección de datos personales”.

Es un compromiso social muy grande

Navarro Alviso señaló que “Eso, entre múltiples cosas, es lo que implica esta reforma. No obstante, la proeza de quienes habrán de instrumentar la Ley General Secundaria, para la cual tendrán hasta 90 días en el Congreso Federal, y enseguida, a nivel local, una vez entrada en vigor aquella, hasta otros 90 días para tener una legislación estatal, es un compromiso social muy grande, pues hemos de recordar que, a diferencia de que, como ahora se instrumenta el tema a través de una especie de simplificación administrativa, con reducción de costo al erario, la transparencia y la protección de datos personales deriva de una lucha ciudadana, y es la propia ciudadanía quien, al no tener las facultades de los legisladores, esperan que se instrumente un verdadero paradigma o modo de hacer patentes estos dos derechos humanos, y que no sea, como lo vaticina la crítica actual, una verdadera desaparición de la tutela del acceso a la información y la protección de datos personales”.

El presidente de la Cegaip dijo que “Una vez emitida la ley secundaria que regulará tal circunstancia, y que justo es donde se pretende solventar lo que constitucionalmente no se determina respecto al tema sustantivo, se vislumbra un derecho nugatorio, pues resulta inverosímil creer que el propio sujeto obligado revoque o invalide una determinación previamente acaecida, o en su caso, que se pudiese judicializar el acceso a la transparencia y protección de datos personales, en caso de buscar una instancia jurisdiccional de diversa índole a los órganos de control, que pudieran ser los tribunales administrativos federal y locales, lo cual haría inaccesibles los derechos humanos que se tutelan, pues obligaría a los solicitantes o ciudadanos al pago de honorarios de abogados para combatir los actos de los sujetos obligados”.

Ya solo falta la publicación en el Periódico Oficial

Explicó Gerardo Navarro que “La reforma constitucional denominada como de simplificación administrativa, que recientemente fue aprobada por el Congreso de la Unión y alcanzó el 3 de diciembre la aprobación de las 17 legislaturas locales de estados que se requieren en el proceso legislativo correspondiente en nuestro país, a efecto de que se constituya como reforma constitucional, la cual fue declarada válida por parte del Senado y fue turnada a la Cámara Baja para que realice lo propio y así turnarla al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación, lo que trae como consecuencia directa la desaparición de siete órganos autónomos, dentro de ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y en lo que aquí atañe a un nuevo paradigma en el sistema de transparencia en nuestro país”.

Dijo que “El sistema aprobado y que pronto entrará en vigor, determina que los propios sujetos obligados, a través de sus órganos de control sean quienes resuelvan las inconformidades sobre sus decisiones en materia de acceso a la información pública y protección de datos, es decir, que se convierten en juez y parte”.