Pedro Olvera | 30/11/2024 | 13:04
NO ES LA PRIMERA NI SERÁ LA última vez en que el Pacto Fiscal en nuestra República levanta polémica y cuestionamientos: ya de salida a lo que es el ejercicio de su mandato como gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro presentó un paquete de iniciativas que pudieran ser más producto de espectacularidad y protagonismo, pues uno se pregunta obligadamente por qué presentarlas hasta ahora.
DOS DE ELLAS SE REFIEREN A UN supuesto blindaje al Sistema de Salud y otra al educativo de su Estado frente a una posible intervención de la Federación, invadiendo funciones en estas dos materias.
AL RESPECTO NO TENGO comentario alguno pero sí en cuanto a la que más revuelo causó; es una Iniciativa para que se revise el Sistema Fiscal pues considera Enrique Alfaro que resulta injusto para Jalisco, siendo una de las entidades que más riqueza y recursos aporta por impuestos y contribuciones debido al trabajo de sus habitantes.
CREO QUE MAL HARÍA EN NO defender a su Estado por las aportaciones que merezca para su desarrollo. Sin embargo, ya quedamos que los impuestos son eso, una imposición que finalmente todos aceptamos para que haya en el Estado un gobierno, una administración que se preocupe y ocupe de infraestructura, servicios, manejo de la economía y en general de toda la administración pública.
ADEMÁS DE UN ORDEN JURÍDICO y un Sistema Judicial con tres bases torales de tal gobierno que son los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
TODOS SABEMOS Y ACEPTAMOS ese sistema en cuanto a su existencia pues no podría ser de otra manera en ningún Estado o país del mundo, salvo que quisiéramos regresar al feudalismo o a las monarquías descendientes de la divinidad, con los cuales desde luego nos andaría yendo mucho peor pues también habría que rendirles tributo, que es lo mismo que impuesto y esto sin que -de acuerdo a aquellos grados de civilización- hubiera un cierto orden y fórmulas preexistentes en leyes sino al capricho y ocurrencia de los señores feudales o de los monarcas.
HEMOS ASIMILADO PUES, DESDE hace ya cientos de años, la necesidad de tener un sistema fiscal debidamente pactado y con bases sólidas, que en el caso del nuestro, descansa sobre el Orden Normativo y Político con el que nos conducimos.
MUCHOS LE LLAMAN A LA Constitución General de la República “Pacto Federal”, y es que en efecto, desde 1824 en que se formó y se formalizó el Estado Mexicano, se estableció como Sistema Federal y eso incluye la participación de los estados en conjunto para formar el país reconociéndose una autoridad federal que los mantenga como una sola potencia para defender conjuntamente sus intereses comunes y buscar el desarrollo.
ASÍ SE ORIGINÓ ESE PRIMER Pacto Federal en el que incluso todavía no había el número de estados ni la configuración política territorial que ahora conocemos.
HUBO OTRAS CONSTITUCIONES Y reformas como las Bases Centralistas de la época de Santa Ana y la Constitución del 57 que más o menos siguieron el mismo esquema.
PERO CON LA REVOLUCIÓN Mexicana y al triunfo de ésta operaron muchos cambios. Para 1917, previo a la Promulgación de la Constitución que ahora nos rige, el Sistema Fiscal fue seriamente cuestionado, como puede imaginarse al momento de proyectarse un nuevo orden jurídico que buscaba mayor enfoque social.
MAS TODO SURGIÓ DE DONDE menos se esperaba pues en lo que se refiere al municipio, que como sabemos es la célula básica de la organización territorial, político y administrativa de nuestra República, surgió inesperadamente la discusión sobre el Sistema Fiscal en general cuando en un hecho del que no se habla tanto como debiera suceder, la Comisión de Constituyentes que encabezaban Heriberto Jara, Hilario Medina y el Diputado Machorro, propusieron algo inaudito y más que revolucionario: El Municipio Libre se constituiría en el gran recaudador de los impuestos y luego distribuiría hacia los gobiernos estatales y al federal, de los recursos para que estos dos órdenes sostuvieran sus gobiernos y pudieran desarrollar adecuadamente sus funciones gubernativas -que no exactamente de administración- siendo entonces que los ayuntamientos serían los grandes administradores en la República y que construirían una bolsa para el gobierno estatal de cada entidad y para el federal entre todos.
LOS GOBIERNOS FEDERAL Y estatales tendrían la facultad de nombrar inspectores para verificar las recaudaciones.
CON ESTO EL CONSTITUYENTE buscaba el fortalecimiento de los municipios a los que siempre se ha tratado como niños chiquitos, y sólo se les suministraba -sobre todo en aquellos entonces- alguna cantidad al capricho de los gobiernos estatales y del federal sin que se hubieran precisado, sino hasta 1983, los mecanismo y fórmulas para distribuirles recursos, algunos de los cuales hasta este mismo año se estableció que fuese a través de los impuestos e ingresos como derechos relacionados con los aspectos inmobiliarios, predial, traslados de dominio, etc.
IMAGINE ENTONCES EL planteamiento que hacían los Constituyentes Revolucionarios frente al del Primer Jefe de la Nación como se consideró a Don Venustiano Carranza.
ESTE POR SUPUESTO HIZO EL planteamiento que ahora conocemos y vivimos desde antes: que la Federación es el gran recaudador, aunque para ello se auxilie muchas veces de estados y municipios y de ahí se distribuyen recursos a los estados y municipios con fórmulas que se contienen en el Convenio Fiscal que es un Convenio Ley que emite mecanismos originados en factores como el de población, situaciones geográficas, condiciones de pobreza o riqueza, etcétera.
¿QUÉ HABRÍA SIDO SI EL Constituyente del 17 le gana la partida al Proyecto de Carranza en esta materia? Habrá quien diga que posiblemente nos habríamos vuelto más democráticos y que desde luego habría más justicia en el reparto de recursos, pero inevitablemente pensamos en qué tanta capacidad se habría tenido entonces para llevarlo a cabo de esa manera.
Y AÚN AHORA TAL PREGUNTA tendríamos quizá que hacérnosla pues las diferencias entre municipios demuestran una enorme mayoría con más limitaciones dentro de 2 mil 500 municipios que aproximadamente tenemos, por algunos cuantos “autosuficientes”.
IMAGINE TAMBIÉN A UN presidente de la República, se llame Carranza o Sheinbaum, supeditado y acotado a no tener el control directo de todos los recursos ¿Cree usted que se habría dado más bien el fenómeno del separatismo y que muchos Estados podrían haberse separado del Pacto Federal?
NO TENGO LA RESPUESTA O divago entre muchas, pero finalmente el planteamiento de Enrique Alfaro dista mucho de ser tan revolucionario como el que se proponían los más revolucionarios constituyentes hace más de un siglo.
POR LO DICHO CREO QUE EL planteamiento de Alfaro es más protagónico pues sólo propone una revisión. Además, no tardó en precisar que solamente se pensaría en separarse del Pacto Federal, romper con el Pacto Federal, si la revisión no fuese instrumentada. Al respecto debemos recordar que, a través de los Comités de Planeación Federal, Estatal y Municipales, año con año se instrumenta a alguna suerte, muy acotada de revisión, por lo que el asunto solo puede quedar en una bravuconería, sobre todo cuando pensamos que ya no le podía ser atributiva responsabilidad alguna a quien queda fuera del poder, cosa que sin duda el señor Alfaro conoce.
SIN EMBARGO, CREO QUE UNA revisión del Sistema Fiscal y de la distribución de participaciones tendría que considerar mecanismos más justos para que los recursos lleguen de forma más directa a los municipios pues siempre los gobiernos estatales se asumen como el padre o la madre que debe cuidar el domingo o la mesada de su pequeño hijo.
TAMBIÉN DEBEN OBSERVARSE SI las aportaciones que cada estado realiza, pero con una perspectiva de equidad o esto significa que también hay que ayudar más al que más necesita, por lo que deben desecharse actitudes soberbias o supremacistas de los que pueden producir más, pero también impactan más el medio ambiente, y las cuestiones económicas y sociales.
REVISAR SÍ Y MEJORAR TAMBIÉN, pero ser más equitativos.