Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado avalaron este martes el dictamen por el que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante la sesión, con 22 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, los senadores aprobaron el proyecto que reforma el artículo 19 constitucional.
El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas anticipó el voto en contra de los senadores de su bancada tras considerar que el dictamen es incompatible con los derechos humanos y la presunción de inocencia.
"El Senado debe de rechazar una reforma que contraviene derechos humanos, y priorizar medidas que realmente fortalezcan nuestro sistema de justicia penal, como la capacitación de nuestras fiscalías, la mejora de las Defensorías Públicas, la promoción de las alternativas a la presión preventiva, o mínimo contemplar la prisión preventiva justificada antes que la automatización de la presunción de culpabilidad, que deriva de la oficiosa", sentenció.
En su turno, el panista Ricardo Anaya destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le llaman "prisión preventiva automática" a lo que refiere el dictamen.
"Por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va dos años a la cárcel; es una violación brutal a los derechos humanos, es una violación brutal a la presunción de inocencia. Es absolutamente injusta", defendió.
El morenista Saúl Monreal centró su participación en el delito de distribución de drogas sintéticas -como el fentanilo- defendiendo que no hay otra manera de garantizar la justicia.
"No se puede pensar en una medida cautelar distinta cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia. Es necesario asegurar a las víctimas u ofendidos en el proceso", aseguró.
La priista Carolina Viggiano sostuvo que es importante mencionar públicamente que varios organismos internacionales han criticado y pedido a México la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
"Si se presume que se puede sustraer de la acción de la justicia, que pone en riesgo a la víctima y los testigos, (entonces), sí puede afectar el desarrollo del proceso si se comprueba esto, como una excepción se puede privar de la libertad", explicó en defensa de la prisión preventiva justificada.
El morenista Miguel Pavel Jarero Velázquez opinó que la prisión preventiva oficiosa no afectará a los mexicanos honestos.
"Si hablamos de alguien que se dedica a todos estos temas de facturación falsa, no es un ciudadano que se levanta todos los días y trabaja honestamente; si hablamos de extorsión, no es un ciudadano que se levanta todos los días y trabajaba honestamente, y si se dedica al fentanilo, estamos evidentemente ante un caso de delincuencia organizada", sostuvo.
Además, Juanita Guerra Mena , del PVEM, señaló que algunos beneficiados por este dictamen serán los pequeños empresarios, quienes enfrentan el problema de la extorsión.
El 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero excluyó narcomenudeo y defraudación fiscal que, de acuerdo con expertos, abría la puerta para llevar a la cárcel a presuntos sospechosos sin demostrar su culpabilidad.
Inicialmente, el dictamen consideraba los delitos de extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo, con comprobantes fiscales falsos, narcomenudeo y defraudación fiscal.
Pero tras una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el pleno avaló eliminar de la reforma el narcomenudeo y la defraudación fiscal con el objetivo, dijo el legislador, de darle un tratamiento social al primero y de actuar con responsabilidad en el caso del segundo.
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