El Gobierno de Perú declaró en emergencia por 24 meses el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debido al hacinamiento de los presos en las cárceles del país, que cuentan con una sobrepoblación del 136 %.
El Ejecutivo detalló en un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano que dispone esta medida con el objetivo de elaborar una estrategia nacional "a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad".
"Se declara en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad, por el período de veinticuatro meses", precisó el decreto.
Señaló que hasta agosto de 2024, el Sistema Penitenciario Nacional albergaba a 98.127 personas presas, en las 69 cárceles existentes en el país, a pesar de que estas tienen una capacidad para 41.556 personas, lo que generó una sobrepoblación del 136 %.
"La situación crítica se agrava aún más debido a la insuficiente capacidad de los establecimientos penitenciarios existentes. En 2023, solo el 50,2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios", agregó.
Argumentó, en ese sentido, que el Sistema Nacional Penitenciario está "atravesando una aguda crisis" debido a que las cárceles no solo han sido rebasadas en su capacidad de albergue, sino que tampoco cuentan con medios necesarios, como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios, para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria, "lo cual dificulta el proceso de resocialización del interno".
El decreto supremo mencionó una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró "un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios".
Esa sentencia exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a evaluar la necesidad de ampliar, modificar o replantear sustancialmente las medidas que resulten necesarias e indispensables para mejorar esta situación.
La declaratoria de emergencia fue acordada el 5 de noviembre pasado durante una reunión del Consejo de Estado, para disponer recursos dedicados a la infraestructura penitenciaria, lograr la ampliación de los penales existentes, la construcción de nuevas prisiones y la reorganización del INPE.
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