La Suprema Corte de Justicia volvió a aplazar hoy discusiones sobre la constitucionalidad de la cadena perpetua y la extinción de fideicomisos del Ejecutivo, ordenada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020.
Ambos expedientes han sido listados para sesión en tres ocasiones distintas, y el de cadena perpetua, es el más antiguo pendiente de sentencia en la Corte, pues llegó hace nueve años.
El Ministro Alfredo Gutiérrez propone declarar inconstitucional la prisión vitalicia, lo que podría obstaculizar las extradiciones de capos del narcotráfico a Estados Unidos, así como invalidar la extinción de algunos fideicomisos.
Sin embargo, bastaron solicitudes de la Ministra Yasmín Esquivel y de su colega Alberto Pérez Dayán, para aplazar ambos asuntos, sin fecha definida para retomarlos.
Esquivel dijo que hoy recibió un memorándum de 23 hojas de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) sobre el tema de los fideicomisos, así como una solicitud de audiencia para escuchar sus argumentos.
Una vez aplazado este caso, Pérez Dayán dijo no estar listo para discutir el proyecto sobre cadena perpetua, que también fue aplazado.
Cuestionado por la Presidenta Norma Piña, Gutiérrez consideró que la Corte debe seguir este jueves con los asuntos que ya tenía programados, sobre leyes de ingresos municipales de vigencia anual.
La acción contra la extinción de fideicomisos requiere al menos ocho votos para invalidar cualquiera de las reformas a múltiples leyes que fueron necesarias, mismos que ya no existirán a partir de la próxima semana, pues el Ministro Luis María Aguilar se retira el sábado.
Las tres Ministras afines al Gobierno difícilmente votarán en favor de revivir alguno de los fideicomisos.
Estos aplazamientos se suman a los que, durante todo 2024, ha venido aprobando la Corte para no discutir otros caso relevantes, entre ellos, la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa y la invalidez de leyes aprobadas por el Senado en el "viernes negro" de abril de 2023.
Para estos casos ya sólo habrá 10 Ministros, si es que la actual Corte los llega a debatir, antes de ser relevada en septiembre de 2025.
Los fideicomisos
El proyecto de Gutiérrez propone anular la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), del Fondo contra el Cambio Climático, del Fondo para Atención a Víctimas y de fideicomisos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En contraste, se avalaría la extinción de fideicomisos para defensores de derechos humanos y periodistas; cooperación internacional para el desarrollo; para deportistas de alto rendimiento; de fondos de la Financiera Rural; de apoyo a braceros (trabajadores migratorios), y en materia de hidrocarburos, electricidad, ferroviaria y aduanera.
El Congreso eliminó estos instrumentos por orden de López Obrador durante la pandemia de Covid-19, y al cierre del segundo semestre de 2024, 102 de 109 fideicomisos ya habían sido extinguidos.
Cadena perpetua, problema para extradiciones
Gutiérrez también propone fallar contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, que da la opción de imponer prisión vitalicia al responsable de tres o más homicidios.
De aprobarse el proyecto, el Gobierno de México podría verse obligado a requerir al de Estados Unidos que no imponga este castigo a los extraditados, como ya se hace para exigir que no se les aplique la pena de muerte, por estar prohibida en la Constitución.
Gutiérrez argumenta que la reforma de 2008 al artículo 18 Constitucional ya no permite la prisión vitalicia, pues se abandonó el concepto de readaptación social del sentenciado, para asumir el de reinserción.
"La prisión perpetua, al anular de manera definitiva la libertad de una persona y suprimir toda expectativa de reinserción social, mientras que mantiene la noción del sentenciado como sujeto peligroso al que es necesario mantener recluido por el resto de su vida, menoscaba la dignidad humana", dice el proyecto.
Juan Carlos Gámez Bernal, el reo que promovió el amparo, fue condenado por participar en 2011 en el asesinato de tres hombres y una mujer en un bar de Chihuahua. Si gana en la Corte, la justicia local tendrá que sentenciarlo de nuevo, pero a un máximo de 50 años.
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