Opositores nicaragüenses pidieron este viernes a la comunidad internacional y a los multilaterales asfixiar económicamente al Gobierno de Daniel Ortega por pretender consolidar una "dictadura conyugal" en Nicaragua por medio de una reforma constitucional.
"Es momento de que la comunidad internacional identifique la crisis de Ortega para generar esa asfixia económica porque no es posible seguir teniendo relaciones con una dictadura que se atornilla al poder", dijo a periodistas el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Lesthér Alemán, al reaccionar sobre la reforma a la Carta Magna.
Consideró que corresponde a aquellos Gobiernos que se identifican como democráticos y defienden y valoran los derechos a la libertad y a la justicia, acompañar los esfuerzos de los nicaragüenses contrarios a la instauración de un modelo autoritario.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes por unanimidad y en primera legislatura unas enmiendas a la Constitución Política que refundan el Estado al denominarlo "revolucionario" y otorgan un poder total a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.
La reforma también establece la figura de "copresidenta" y amplia de cinco a seis años el período presidencial, entre otros cambios.
A juicio de Alemán, quien encaró a Ortega y le pidió su rendición durante un diálogo para resolver la crisis que vive Nicaragua desde 2018, las enmiendas tienen como trasfondo "definir la línea sucesoria faraónica, monárquica, sultánica, muy tropical" en Murillo, quien pasará a ser "copresidenta", y en uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, quien podrá ser nombrado vicepresidente por sus padres.
Alemán, de 26 años, es uno de los 222 presos políticos a los que Ortega expulsó de Nicaragua en febrero de 2023 y arrebató la nacionalidad.
Abogan por llevar a Ortega a la Corte Penal
Por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Haydee Castillo anunció que están buscando mecanismos para fortalecer el diálogo político con el nuevo Gobierno de Estados Unidos y con el servicio exterior europeo, y estableciendo conexiones con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las diferentes agencias de Naciones Unidas para actualizar sobre la situación de Nicaragua.
"Estamos también interlocutando con los organismos financieros internacionales" y con "accionistas de todos estos bancos, que muchos de ellos son los mismos Estados que condenan al régimen, pero que por otro lado le siguen proporcionando financiamiento", criticó.
Además, dijo Castillo, están presionando a las organizaciones de derechos humanos "para que se abra por fin los casos" de crímenes de lesa humanidad contra Ortega y su cúpula ante la justicia internacional.
"Estamos hablando de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, porque hay suficiente evidencias de todos los crímenes", añadió.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por opositores nicaragüenses, Estados Unidos y la OEA, debe ser aprobada en dos legislaturas para que entre en vigor.
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, dijo ante el pleno que la reforma constitucional será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025.
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