El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al Senado reconsiderar la reforma que los extingue junto con otros seis órganos autónomos, avalada por la mayoría en la Cámara de Diputados el día de ayer.
El Pleno del Instituto, cuyas funciones serían trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dijo que la reforma implica una regresión para la garantía del acceso a la información la protección de datos personales y los controles democráticos.
"Sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI. Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos", indicó.
La reforma también contempla la desaparición del Sistema Nacional de Transparencia, el cual, señaló el INAI, contribuye sustancialmente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.
"El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hace un llamado a las y los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos", dijo.
Con 347 votos a favor y 128 en contra, la mayoría en San Lázaro avaló también la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que trasladará sus tareas a la Secretaria de Economía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas facultades pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), encargado de medir la pobreza en el país, tarea que pasaría al INEGI.
Además de la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que sus facultades sean transferidas a la Secretaría de Energía, así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, cuyas funciones quedarían en manos de la Secretaria de Educación Pública.
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