La reforma al Poder Judicial desincentivará la judicialización del sector energético, misma que durante el Sexenio pasado se utilizó como la principal alternativa para defender inversiones, afirmó experto.
Santiago Arroyo, director general de Ursus Energy, dijo que la presentación de litigios ya no será una alternativa para que las empresas puedan defender o lograr el desarrollo de proyectos, por lo que ahora habrá que buscar otras alternativas para consolidar inversiones.
"Los dueños del dinero están viendo que hay una oportunidad, sin embargo, hay mucho ruido, ahorita muchas empresas frente a este contexto están viendo una oportunidad de inversión por las reuniones con cámaras (empresariales) etc, sin embargo hay un velo de incertidumbre y es donde entra el trabajo de los equipos de consolidación de inversiones.
"Hay que identificar las reglas, si bien ya hay unas desdes el punto legal - regulatorio que se está gestando pero ya no podemos estar peleando, ya sabemos que hay una debilitación institucional, la malentendida democratización del poder Judicial y eso ya no nos va a permitir judicializar cualquier tema. Tendremos que ser mucho más estratégicos, replegarnos un poco más y ser menos combativos porque hay una gran carga política y para eso se necesita una visión para identificar los elementos y así poder concretar un proyecto", puntualizó.
Durante su participación en el Encuentro Internacional de Energía México 2024, agregó que no es posible mantenerse en los extremos de "ser porristas del Gobierno o de la oposición", sino encontrar las áreas de negocio.
"Se están cerrando áreas de oportunidad, pero a la vez se están abriendo otras, al final de día el Gobierno ha sido muy claro en el momento de establecer su política pública sobre en dónde quiere intervenir y en donde va a necesitar ayuda, y si bien la participación (para la iniciativa privada) no es gigante, sí hay pequeños proyectos que podemos ir cumpliendo para consolidar inversiones", señaló.
Durante el Sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se vivió una judicialización del sector energético ante los cambios legales y regulatorios que se impulsaron y que derivaron en freno de inversiones.
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