En relación a la supremacía constitucional, comentó que está complicado también cómo se está desarrollando este contexto, porque quienes están en riesgo no son los jueces, sino principalmente las personas que se ven afectadas, ya que al poderse establecer en la Constitución situaciones que podrían vulnerar derechos, y que estas no sea impugnables a través de los medios o ante los tribunales del país.
"Se estableció que no se pueden impugnar ya reformas constitucionales y que los juicios de amparo, particularmente tratando por los que conocen los jueces o magistrados, que estuvieran en trámite, se tendrían que declarar improcedentes, con motivo de la entrada en vigor de esta reforma, entonces no habrá posibilidad a que jueces y magistrados puedan analizar a través de este mecanismo del juicio de amparo, que es el principal juicio de protección de derechos humanos que puedan analizar una reforma constitucional", externó.
Nuevos jueces no será imparciales
Gómez Fierro destacó que muchos de los jueces y magistrados realizarón una larga carrera judicial para llegar a sus puestos, de 15 a 30 años de preparación, pero ahora con la sola posibilidad de que se haya salido de la escuela, que se tenga promedio de 8 o 9 en algunas materias, y que eventualmente se tengan también cinco cartas de recomendación de vecinos, ya se puede acceder a estos cargos, "yo veo difícil que los nuevos jueces, al menos seleccionados por un método que no apueste a su capacidad sino a su suerte y popularidad, se puedan seleccionar a las y los mejores perfiles, podremos buscar la manera de amortiguar, pero como está la situación es complicado".
Reforma afectará el T-MEC
Para el exmagistrado también puede haber algunas consecuencias para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, esto de verá en las negociaciones que se lleven a cabo, pero parte de los compromisos a los que se sumó México fue a tener tribunales independientes, "a mí me parece que esta reforma difícilmente garantiza que podamos tener jueces independientes, pues estos deberán, en muchos casos, responder no al imperio de la ley ni a lo que dice la Constitución, sino a quien los impulsó para poder ocupar estos puestos (...) me parece que esto podría poner en riesgo el T-MEC en su apartado 23 que señala a las partes que firmaron al tratado a que tengan tribunales independientes para resolver las controversias que se puedan generar con motivo del tratado".
Finalmente consideró que ante este panorama hay una falta de certeza y una disminución en la protección de los derechos humanos y en el acceso a la justicia, porque se restringe la posibilidad de que se puede acudir ante un tribunal a reclamar alguna reforma que pueda vulnerar derechos humanos, "si bien esto no era común, hoy se ha estado reformando constantemente la Constitución, como el caso de la prisión preventiva oficiosa, y esto desde luego vulneraría los derechos humanos de las personas, la protección, el acceso a la justicia que deberían de tener todas las personas".