La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, sustentó este viernes con ocho supuestas "agresiones" la denuncia por presunta violencia política de género que interpuso contra el presidente, Daniel Noboa, y otros miembros de su administración.
Lo hizo por medio de su defensa durante la audiencia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, al que pide que sancione a Noboa, a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, a la asesora presidencial Diana Jácome y al exviceministro de Gobierno Esteban Torres.
Según el abogado de Abad, Damián Armijos, la diligencia busca la tutela de los derechos políticos de la vicepresidenta y embajadora, ya que, por medio de esas presuntas agresiones, el presidente Noboa y los otros funcionarios han buscado "a toda costa" impedir su ejercicio de la función pública.
Además, señaló que han buscado "amedrentarla, intimidarla y hostigarla" con la finalidad de "provocar su renuncia y evitar así la sucesión presidencial, como manda la Constitución", que debe ocurrir cuando Noboa pida licencia para realizar la campaña electoral de los comicios de 2025, donde buscará su reelección.
De hecho, Armijos dijo que la vicepresidenta intentó viajar a Ecuador para estar presente en la audiencia, pero que se le negó el permiso de vacaciones que pidió, y que tampoco pudo conectarse de manera telemática para intervenir en la diligencia.
La denuncia por presunta violencia política de género, agregó Armijos, se sustenta en el artículo 280 de la Ley Electoral de Ecuador, que sanciona como una infracción muy grave a las personas que busquen acortar, suspender, impedir o restringir el accionar de las mujeres políticas o el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
"Un precedente histórico"
Armijos aseguró que, de ser favorable para la vicepresidenta, esta sentencia podría marcar "un precedente histórico" relacionado con la participación política de las mujeres.
"Las candidatas no pueden ser sólo una imagen en la papeleta, las mujeres en la vida política deben tener una incidencia, una participación que les permita tomar decisiones, (...) que no puedan ejercer la función pública afecta a esta democracia representativa", señaló.
"El precedente que se debe de generar hoy es históricamente importante para todas las mujeres que aspiren un puesto de gobierno, pues tienen derecho a gobernar este país", agregó.
Durante la audiencia, Armijos presentó una serie de noticias en las que el presidente Noboa se refería a la vicepresidenta e incluso videos de ministros como la de Interior, Mónica Palencia, y el de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en los que acusaban a Abad de querer desestabilizar al Gobierno.
Pruebas que la abogada de Noboa, Mercedes Mediavilla, rechazó, pues señaló que en un proceso sancionador como este el primer mandatario no puede responder por las acciones de otras personas.
Además, catalogó de desproporcionadas las sanciones que Abad ha pedido para su defendido, entre las que está la destitución de su cargo como presidente de Ecuador y la suspensión de sus derechos de participación por cuatros años.
Las defensas de los otros funcionarios negaron que las decisiones que se tomaron en torno a las funciones de la vicepresidenta y embajadora estén relacionadas con el hecho de ser mujer.
Contrademandas
En el TCE también se procesa sendas contrademandas presentadas por Jácome y la canciller Gabriela Sommerfeld contra Abad por los mismos términos de presunta violencia de género.
El distanciamiento entre Noboa y Abad -evidenciado desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023- se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Abad interpretó esta designación como embajadora como un método para alejarla del país y de la gestión del Gobierno, pues en caso de negarse podía ser destituida.
Desde el Gobierno consideran que Abad no ha actuado bien y sacan a colación el caso de posible corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia donde está imputado su hijo Sebastián Barreiro por supuestamente influir en la contratación de un funcionario y exigir a cambio parte de su sueldo.
La Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad a Abad para imputarla también en este caso, pero el pedido fue rechazado por el pleno del Parlamento con los votos en mayoría de la oposición, frente a los apoyos obtenidos a favor del oficialismo.
internacionales
