El nuevo capítulo de destrucción institucional

México tiene una larga data de un presidencialismo exacerbante en su historia, el Estado moderno surgido con la revolución solamente confirmó en el texto constitucional dicho diseño y confirió al Titular del Ejecutivo una presencia preponderante en la vida pública del país.

Si el diseño institucional de la división de poderes se encontraba difuso por el presidencialismo, la realidad es que en conjunto con la creación del partido de Estado que constituyó el entonces PNR (antecesor del PRI), el Ejecutivo adquirió facultades metaconstitucionales, lo que propició la nulidad de frenos a la voluntad del Presidente.

Por ello la democracia mexicana se ligo de forma importante a la creación de Órganos Constitucionalmente Autónomos, ya que, si bien la arena electoral comenzaba un proceso de apertura, el sistema democrático no podía abrirse mientras el Presidente siguiera teniendo un papel preponderante y controlando funciones esenciales que concentraban el poder en un solo hombre.

Por ello, el nuevo diseño institucional de la transición y la alternancia política hizo mucho hincapié en los órganos que salían de la esfera del Ejecutivo y los equiparaba como órganos emanados de la propia constitución, lo que les permitiría por un lado trascender a periodos sexenales, tecnificar la toma de decisiones en los sectores a su cargo y un proceso de profesionalización de los servidores públicos a la par que se buscaba despolitizar la función encomendada.

En México el primer órgano con estas características fue el Banco Central, este como consecuencia directa de aquella frase de José López Portillo que señalaba que la política económica se decidía de forma directa en los Pinos, por lo que cualquier decisión tendría como horizonte la siguiente elección, cuestión que costó demasiado a la economía nacional.

Posteriormente surgieron órganos en materia de elecciones, es decir las personas que contarían los votos y darían el triunfo a los candidatos ya no serían empleados del Ejecutivo, sino que serían individuos con plena autonomía; el órgano en materia de Derechos Humanos que sería quien vigilaría el respeto de dichos preceptos por parte del propio Gobierno.

Por otro lado, nacía el sistema de información mexicano, mismo que debía garantizar imparcialidad en las mediciones de los diferentes aspectos de la vida económica y social del país, con lo que se dotaba al Estado mexicano de los insumos necesarios para una mejor toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En materia transparencia se buscó un ente separado del Ejecutivo que obligara a todo el gobierno a reducir la opacidad que provoca un incremento en la corrupción ante la falta de mecanismos de rendición de cuentas.

Las reformas estructurales del gobierno peñista dinamitaron aún más la dispersión del poder, crearon órganos reguladores mucho más fuertes en materia de competencia económica y telecomunicaciones, evaluadores de la política de desarrollo social, evaluación docente y procuración de justicia.

La dispersión del poder en muchos casos tardó en materializarse de forma real, ya que los Titulares del Ejecutivo buscaban siempre establecer correas de transmisión con dichos órganos, sin embargo, en la mayoría de los casos después del periodo de maduración institucional, su funcionalidad era considerable.

La política económica ha sido sólida de la mano de BANXICO, por años los conflictos electorales no escalaban a proporciones mayúsculas por la legitimidad del IFE; nadie cuestiona la veracidad de los datos que arroja el INEGI y en gran medida los del CONEVAL, al que nunca dejaron nacer; gracias al IFT y COFECE fue posible mejorar las condiciones de competencia económica y frenar los monopolios; y por el sistema de transparencia es posible decir que los trabajos de investigación periodística encontraron herramientas para denunciar la corrupción de los gobiernos.

Las funciones de los órganos autónomos son esenciales para un sistema democrático, el extraerlos de la esfera del poder Ejecutivo solo les daba libertad técnica para actuar y ello se traduce en la intención de nulificar los intereses político-electorales de la toma de decisiones fundamentales del Estado.

La existencia de órganos autónomos fue incomoda para presidentes, gobernadores, alcaldes y demás órganos del Estado, disminuye el margen de injerencia y además la dispersión de facultades propició un sistema mucho más sólido de rendición de cuentas, esta es la razón por la que existe la aspiración de grupo político dominante de dinamitarlos y con ello extinguirlos.

El Congreso ya amenazó con avanzar en menos de 5 días con el dictamen que elimina a algunos de estos órganos del Estado, nuevamente no hay análisis, pero si mucha prisa; nuevamente hay una fe ciega en las personas y no en las instituciones; nuevamente muestran que existe una aspiración clara al hiperpresidencialismo que caracterizó al país en el siglo pasado.

Es imposible creer que el partido dominante pondrá freno a esta nueva reforma, pero quizás lo que no entienden aún es que, con esta concentración de fuerza, solo se están dando un balazo en el pie porque no habrá forma de contener el poder desbordado y ello no sólo afectara a los ciudadanos, sino incluso a sus propios intereses.

Pero, en fin, vayamos despidiendo a órganos que, si bien no tienen gran legitimidad social, si lograron beneficios para la ciudadanía; y quizás ahí dimensionemos que: “estábamos mejor, cuando estábamos peor”.