San Luis Potosí, SLP.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Previamente, las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron por unanimidad el dictamen e hicieron pronunciamientos a favor de la igualdad sustantiva, aunque reconocieron que todavía falta mucho por avanzar.
El presidente de la comisión legislativa, diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, señaló que “es la primera iniciativa de reforma constitucional de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de género a favor de las mujeres, por lo que San Luis Potosí cumple y se coloca a la vanguardia de la Constitución y de los derechos humanos”.
La reforma constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a vivir libre de cualquier clase, tipo o categoría de violencia y reconoce a las familias que integran la sociedad en el país; eleva a rango constitucional la obligación de que el Estado Mexicano implemente deberes reforzados para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños, cuyas bases y modalidades se establecerán en la ley.
Establece que el Estado Mexicano, en tareas de seguridad pública, tendrá que maximizar su función cuando se trate de mujeres, adolescentes, niñas y niños mediante la aplicación de deberes reforzados en términos del artículo 4° constitucional; precisa que, de ahora en adelante, la actuación de las instituciones que comprenden el sistema de seguridad pública se regirá, además de los ya previstos, también por el principio de perspectiva de género.
Dispone que en los nombramientos de las y los titulares de la administración pública del Poder Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales deberá observarse el principio de paridad de género para su conformación; dota de competencia a las autoridades federales para conocer de las medidas u órdenes de protección que deriven de violencias de género en contra de las mujeres o de delitos del fuero común relacionados con las violencias de género en contra de las mujeres, en términos de las leyes correspondientes.
La reforma establece que la actuación de las instituciones de procuración de justicia de los estados se regirá, además de los principios ya previstos, por el principio de perspectiva de género e impone la obligación a las entidades federativas de que sus instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías especializadas en la investigación de delitos de violencia por razones de género contra las mujeres.
Incorpora mecanismos legales para que en los regímenes laborales de los trabajadores tanto del Apartado A como del Apartado B del artículo 123 constitucional, se establezcan medidas tendentes a reducir y erradicar la brecha salarial, y concede un plazo de noventa días al Congreso de la Unión para que, a partir de la entrada en vigor del decreto, adecúe las disposiciones normativas correspondientes al texto constitucional a fin de permitir la inclusión de disposiciones que fijen los alcances y el cumplimiento gradual de las atribuciones y obligaciones necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos, conforme a la disponibilidad presupuestal.
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia; el Estado tiene deberes reforzados de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización de conformidad con lo previsto en los artículos 21, párrafo noveno, y 73, fracción XXI, penúltimo párrafo.
Los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con la violencia de género contra las mujeres.
Intervinieron en tribuna para hacer posicionamientos sobre el dictamen los diputados Aránzazu Puente Bustindui, Nancy Jeanine García Martínez, Jessica Gabriela López Torres, Frinné Azuara Yarzabal, Diana Ruelas Gaitán, María Dolores Robles Chairez, César Arturo Lara Rocha, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Roxanna Hernández Ramírez, Brisseire Sánchez López y Rubén Guajardo Barrera.
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